Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, cuestionó el procedimiento sumario iniciado en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En entrevista con Punto Final, no solo puso en duda las motivaciones detrás del caso, sino que advirtió de irregularidades y falta de competencia que podrían llevar a cometer actos ilegales por parte de la entidad fiscalizadora, como es el avocamiento indebido.
Explicó que los procesos inmediatos son para aquellos casos de conductas graves, como a un juez que se le interviene en un acto de flagrancia; entonces “no puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre el cual la JNJ no tiene competencia porque este tipo de cuestionamientos de las decisiones tienen un camino”.
En ese sentido, explicó que el demandante ha interpuesto una acción de amparo contra la resolución, que es materia del proceso que ha comenzado la JNJ, el cual sigue en proceso, por lo que no pueden avocarse. Además, declaró que en ese amparo, el Ministerio del Interior (Mininter) ha contestado que no hay ningún tipo de violación de derechos fundamentales.
“Hay un apresuramiento inusual que ha hecho que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor. Le he consultado al relator de la sala a ver si ha pedido copia de esos expedientes y no ha pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso. […] El artículo 139 lo dice: ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite y uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido”, expresó.
¿Por qué es investigada Janet Tello?
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió emprender un proceso disciplinario inmediato contra Janet Tello, actual presidenta del Poder Judicial, y otros cuatro magistrados que integraron junto a ella una sala de la Corte Suprema. Este procedimiento, que podría derivar en la destitución de Tello, se produce en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Congreso, así como críticas hacia la presidenta Dina Boluarte por parte de la magistrada.
El caso parte de una denuncia interpuesta por el coronel PNP (r) Julio Ramón Cadenillas Díaz, el pasado 4 de noviembre, por la “actuación funcional” de los referidos magistrados como “integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema”. El demandante se quejó de que la Sala Constitucional a la que pertenecía Tello rechazó la casación con la que buscaba ser repuesto en dicha institución invocando una ley derogada.
La JNJ confirmó la apertura del proceso disciplinario y aseguró que todas sus actuaciones se realizan “con el más absoluto respeto al debido proceso y al derecho a la defensa”. Los cuestionamientos giran alrededor de las motivaciones, pues se omitió una investigación preliminar e iniciaron directamente un proceso sumario.
Además, de acuerdo al reglamento de la institución, este tipo de procedimientos se reserva únicamente para casos de extrema gravedad, en los que se detecta una “conducta notoriamente irregular” o una “falta disciplinaria muy grave” que amerite una sanción inmediata, y algunos especialistas no consideran que el caso se enmarque en dichos puntos.
En ese marco, los 35 presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú refrendaron un comunicado en respaldo a la titular del PJ. En el documento, difundido a través de plataformas digitales, subrayaron la importancia de preservar los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho. “Expresamos nuestro respaldo a la Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, Presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de la República del Perú, en su labor por defender los principios esenciales de un Estado de Derecho Democrático: la independencia judicial, la imparcialidad y el respeto irrestricto al debido proceso”, sentenciaron.
