En 2024, el Ministerio Público cuestionó las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte, señalando que no cuadran con los informes que presentó en el marco del Caso Rolex. El aumento extraordinario en los ingresos de la presidenta, que pasó de reportar 160.415 soles en 2021 a 792.167 soles en 2024, ha sido objeto de escrutinio, ya que representa un incremento de 631.000 soles en solo tres años. Sin embargo, en un informe reciente de la Contraloría General de la República, dirigido por César Aguilar Surichaqui, se llegó a la conclusión contraria. A pesar de las observaciones iniciales del excontralor Nelson Shack sobre posibles desbalances patrimoniales, el informe emitido por la Contraloría asegura que no hay indicios de enriquecimiento ilícito.
Según una investigación del dominical Cuarto Poder, el informe que habría blindado a la presidenta Boluarte y sostiene que sus gastos están justificados por sus ingresos fue firmado por Vanessa Walde Ortega, subgerente de Fiscalización de la Contraloría. Sin embargo, un dato relevante es que Walde Ortega se encuentra fuera del país desde el 14 de enero de 2025 y, a pesar de estar ausente, sigue recibiendo su sueldo completo. La Contraloría ha dado luz verde a este informe tras una serie de cambios de personal en la institución, y Walde, hija de un exjuez supremo, se encuentra en un puesto clave dentro de la estructura del contralor, lo que ha levantado sospechas sobre posibles vínculos familiares y la posible utilización de la Contraloría como un órgano que blinda a la presidenta del Perú.
Conexiones y cuestionamientos en la Contraloría
El caso se vuelve aún más controversial al descubrir que Vanessa Walde Ortega es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jaúregui, quien tuvo vínculos con César Hinostroza Pariachi, el exjuez prófugo vinculado a casos de corrupción. Tras el nombramiento de César Aguilar Surichaqui como Contralor, se produjeron varios cambios en la Contraloría, removiendo a fiscalizadores con mayor experiencia para dar paso a funcionarios más jóvenes y con contratos temporales.
A pesar de los cuestionamientos y las posibles irregularidades en los procedimientos, el informe de la Contraloría concluyó que no existen indicios de desbalance patrimonial en las cuentas de la presidenta. Según el documento, los ingresos de Boluarte fueron suficientes para justificar sus gastos, sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó varias cuentas bancarias que no habían sido declaradas, y los peritos oficiales de la Fiscalía apuntaron a un incremento patrimonial de 58.699,97 soles sin un origen claro. Ante estas discrepancias, la defensa de Boluarte ha solicitado que se les dé más peso a los informes de la Contraloría en lugar de los realizados por los peritos de la Fiscalía.
Posibles conflictos de interés: ¿cómo influye el entorno cercano de la presidenta?
A medida que la investigación avanza, surgen más interrogantes sobre las influencias dentro del entorno de la presidenta Boluarte. Según información revelada por una investigación de La República, la subgerente de Fiscalización, Vanessa Walde, vive en una propiedad vinculada a Roger Poémape Chávez, un reconocido narcotraficante peruano acribillado en enero de 2023. La propiedad, que había sido alquilada por el exjuez Vicente Walde, fue registrada a nombre de los familiares de Poémape.
Por otro lado, la Contraloría asegura que las cuentas de la presidenta, al menos hasta febrero de 2024, están en regla, pero la Fiscalía de la Nación continúa alistando nuevas acusaciones constitucionales contra Boluarte. Cuarto Poder informó que tras los cambios de personal en la Contraloría a raíz del nombramiento de César Aguilar Surichaqui como contralor, los fiscalizadores experimentados fueron removidos, mientras que los nuevos miembros, con contratos temporales, se encargaron de realizar la fiscalización que finalmente exoneró a la presidenta.
