“Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito”, fue la controversial frase que la presidenta Dina Boluarte pronunció en un evento con lideresas de las ollas comunes, tratando de destacar el esfuerzo de estas mujeres por alimentar a sus familias con recursos limitados. En contraste, los congresistas peruanos han solicitado un significativo aumento en las raciones servidas durante sus sesiones plenarias, lo que podría costarle al país casi un millón 600 mil soles por 16 meses.
Según una investigación del dominical Cuarto Poder, el Congreso de la República ha abierto un nuevo proceso de licitación para contratar un servicio de alimentos que se extenderá hasta 2026, cuyo costo es mucho mayor que el contrato anterior, en el que se pagaron más de 2 millones de soles por tres años de servicio. El contrato en cuestión se denomina “Contratación del concesionario para comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares del Congreso de la República”, y establece que durante todas las sesiones plenarias, comisiones y juntas de portavoces, los parlamentarios tendrán desayuno, almuerzo, cena y alimentos extra a su disposición.
Los requerimientos de los congresistas incluyen un aumento en las porciones de carne, pollo y pescado, además de la inclusión de snacks adicionales y un buffet mucho más lujoso que el anterior. A medida que el Congreso sigue presionando por una comida más generosa, millones de peruanos continúan enfrentando dificultades para garantizar su seguridad alimentaria, como revela el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que destaca que el 7% de la población peruana enfrenta problemas de subalimentación. El incremento en la cantidad y en la calidad de los alimentos de los parlamentarios refleja una visión muy distinta de la que vive la mayoría de la población peruana, que debe ajustarse para sobrevivir cada día con menos.
¿Una fiesta para unos pocos mientras la pobreza crece?
Los congresistas han solicitado un menú mucho más variado y sofisticado: incluye 18 tipos de sándwiches, jugos de frutas frescas de temporada y una gran variedad de postres como cheesecakes, trufas y alfajores. Además, la cantidad de personal encargado de atender estas comidas aumentaría de 10 a 15 personas, lo que ha elevado los costos operativos. Otro factor que incrementa el costo del contrato es el aumento en las raciones de carne y proteínas. Según los documentos de la licitación, los 120 gramos de filete de res, pollo o pescado servidos en 2022 se consideraron insuficientes, por lo que ahora el Congreso de la República requiere 130 gramos por porción. Lo mismo sucede con la chuleta de cerdo, cuyo tamaño pasa de 180 a 200 gramos.
Mientras tanto, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, criticó en entrevista con Cuarto Poder que, en lugar de aplicar medidas de austeridad, los congresistas han optado por incrementar el gasto en un contexto de creciente desigualdad y pobreza. “Lo principal de un congresista, chambear por la región en la que ha sido elegido, no pasa. Encima dicen ‘voy a comer más y mejor, a tu cuenta’. ¿Por qué no son un poco más frugales, un poco mas considerados, un poco mas empáticos y dicen ‘vamos a comer menos’ o ‘vamos a comer alimentos más baratos’?”, resaltó.
Asimismo, para el analista político Iván García, el incremento en la cantidad y calidad de los alimentos requeridos por los congresistas pone en evidencia la distancia entre la clase política y la ciudadanía. “No hay ninguna necesidad”, afirmó García, al referirse a la contratación de un servicio que es casi el doble de costoso que el anterior. Agregó: “El congreso vuelve a dar una muestra de insensibilidad, una muestra de total desconexión con la realidad, al no tener un gesto siquiera mínimo de austeridad respecto a la situación en la que se encuentra la economía de millones de peruanos que aun no termina de restablecerse”.
Un banquete pagado por todos los peruanos
Este incremento en los servicios alimentarios del Congreso se realiza en un contexto de alta incertidumbre y un rechazo casi generalizado de la ciudadanía peruana. La última encuesta de Ipsos, realizada en enero de 2025, reveló que el Congreso enfrenta una desaprobación del 88%, consolidándose como una de las instituciones más repudiadas del país. Esto se da en medio de escándalos de corrupción y denuncias sobre un posible entramado de prostitución dentro del mismo Parlamento.
A partir de febrero de 2025, el Parlamento contratará a un nuevo concesionario que proporcionará estos lujosos servicios alimentarios durante todas las sesiones plenarias y eventos oficiales. Con estos gastos, se podría alimentar a muchas de las familias que luchan por acceder a la canasta básica. La desaprobación del Congreso y el gobierno de Dina Boluarte parece ser un reflejo de la desconfianza generalizada en las instituciones del país, mientras que la desigualdad no deja de aumentar.
