El periodista José Enrique Escardó, primer denunciante de los abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), ha iniciado una petición en Change.org para exigir que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, retire la condecoración otorgada al cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual a un menor en 1983.
El pedido, que ha comenzado a sumar apoyo en redes sociales, argumenta que el reconocimiento debería ser revocado debido a la acusación contra Cipriani y a su rol en el “encubrimiento de los crímenes” del SVC, una organización que ha enfrentado múltiples denuncias e investigaciones y que fue disuelta recientemente por orden del papa Francisco.
“A pesar de estas graves denuncias y de las múltiples ocasiones en las que sus declaraciones públicas han atentado contra los derechos fundamentales de un gran sector de peruanos, el alcalde de Lima le ha otorgado una condecoración que no representa el sentir de la mayoría”, se lee en la plataforma.
Escardó exigió que el alcalde limeño escuche las preocupaciones de los ciudadanos y actúe en consecuencia. “Exigimos que muestre respeto y comprensión hacia las víctimas de violencia sexual y que actúe en consonancia con el compromiso que ha hecho con todos los limeños para hacer de nuestra ciudad un lugar ejemplar para el mundo, más seguro y más justo”, expresó.
A pesar de que fue forzado por el pontífice al asilo, Cipriani reapareció en Perú el 7 de enero de 2025, cuando López Aliaga le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, por su “incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.
Semanas después, el diario El País hizo público por primera vez el testimonio de un denunciante, ahora de 58 años, quien relató que fue abusado por Cipriani durante una confesión cuando era adolescente.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el cardenal enfrenta un precepto penal con medidas disciplinarias relacionadas con su actividad pública, su lugar de residencia y el uso de insignias. También señaló que, en algunos casos, se le concedieron permisos puntuales debido a su edad y situación familiar, pero enfatizó que “en la actualidad dicho precepto sigue vigente”.
Por su parte, Cipriani sostuvo que el artículo periodístico recogen acusaciones presentadas a la Santa Sede en 2018, pero afirmó que no conoce el expediente. “Sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas, limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera de Perú”, relató.
Además, indicó que en ese momento se le pidió guardar silencio, lo que ha cumplido hasta la fecha. También aseguró que en 2020 tuvo una audiencia con el papa Francisco, quien le permitió reanudar sus tareas pastorales.
El vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, en tanto, ofreció disculpas al denunciante y admitió que “podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual, que sí me consta que recibió de otras personas” de la Orden.
“Volvería a condecorarlo”
Recientemente, López Aliaga cuestionó la demora del papa Francisco en disolver el Sodalicio, pero defendió a Cipriani y afirmó que, a diferencia del caso del SVC, contra el cardenal no existiría un proceso formal ni pruebas suficientes.
El alcalde criticó que una denuncia anónima haya derivado en sanciones sin un debido proceso y aseguró que volvería a entregarle la condecoración. “Su palabra para mí es clave. ¿Cómo puedes juzgar a un ser humano sin escucharlo? Esa es la parte que me quedó extrañado. El debido proceso y la presunción de inocencia son cosas de derecho civil y canónico. Me parece muy raro todo”, indicó.
