El Poder Judicial ordenó el cierre de la investigación preparatoria contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso de la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura (Mincul). La decisión se tomó luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria declarara improcedente el pedido de la Fiscalía para ampliar el plazo de la investigación por ocho meses más.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos había solicitado esta prórroga para analizar información pendiente y realizar nuevas diligencias, incluyendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones de siete personas involucradas. Sin embargo, el magistrado determinó que la solicitud fue presentada fuera de plazo, lo que impide continuar con la investigación bajo esta etapa.
Error en el plazo cierra la investigación
Durante una audiencia virtual realizada el 27 de enero, el fiscal adjunto supremo Jaime Velarde Rodríguez expuso la necesidad de extender la investigación debido a la cantidad de información que aún debía ser evaluada. Sin embargo, el juez Checkley Soria indicó que la prórroga debió solicitarse antes del 12 de diciembre de 2024, cuando venció el plazo inicial de ocho meses que la propia Fiscalía había establecido el 25 de septiembre.
El pedido de ampliación fue presentado el 13 de diciembre de 2024, un día después de la fecha límite, lo que llevó al juez a declarar improcedente la solicitud. Como resultado, la investigación preparatoria queda cerrada, y ahora la Fiscalía deberá decidir si formaliza una acusación penal contra Vizcarra y la exministra de Cultura Patricia Balbuena o si solicita el archivamiento del caso.
El Ministerio Público aún tiene la opción de presentar un recurso de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, con el objetivo de revertir la decisión judicial y obtener más tiempo para continuar con las diligencias.
Las contrataciones en el Mincul
El caso ‘Richard Swing’ se hizo público en mayo de 2020, tras una denuncia periodística que reveló la existencia de contratos entre el Ministerio de Cultura y Richard Cisneros, quien fue vinculado a Martín Vizcarra desde la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en 2016.
Según la denuncia, Cisneros obtuvo nueve contratos con el Ministerio de Cultura para ofrecer charlas motivacionales y de liderazgo, actividades ajenas a su perfil profesional. Estos contratos ascendieron a un total de 175 mil soles, incluyendo dos acuerdos firmados en abril de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Con el cierre de la investigación preparatoria, el futuro del caso queda en manos de la Fiscalía, que deberá decidir los próximos pasos en el proceso contra el expresidente y otros implicados.
En juicio por presunta corrupción
Sin embargo, el expresidente Martín Vizcarra enfrenta otro proceso judicial centrado en acusaciones por presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la última información proporcionada por la Fiscalía, un informe pericial que analiza sus movimientos financieros del año 2014 ha levantado una alerta: a pesar de registrar ingresos por S/121.000 en su cuenta sueldo, sus retiros fueron mínimos, lo cual ha generado sospechas de que el exmandatario pudo haber financiado sus gastos con fondos no declarados, supuestamente provenientes de coimas.
La investigación apunta específicamente a que Vizcarra habría recibido sobornos de empresas constructoras como Obrainsa e ICCGSA, a cambio de adjudicarles proyectos de infraestructura en la región de Moquegua. Uno de los elementos más comprometedores en el caso es el testimonio de Elard Tejeda Moscoso, exdirector de Obrainsa, quien confesó haber entregado al acusado la suma de S/1 millón en efectivo como supuesto pago ilícito.
Ante estas graves acusaciones, la defensa de Vizcarra ha rechazado las conclusiones del Ministerio Público, calificando la investigación como carente de “sustento sólido” y acusándola de ser un intento de acomodar pruebas para inculpar a su cliente.
