El exasesor político de Rafael López Aliaga, Ariel Ricardo Correa, quien trabajó en la campaña a la alcaldía de Lima, remitió una carta notarial al burgomaestre en la que exige el pago de honorarios pendientes y expone presuntas irregularidades en la gestión de dichos pagos. En el documento, Correa también menciona un supuesto esquema para encubrir el origen del dinero con el que se le remuneraba y hace referencia a un vínculo entre Renovación Popular y Andrés Hurtado, actualmente en prisión preventiva por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
Según detalla en la misiva, a la que tuvo acceso Sudaca, su relación laboral con López Aliaga se inició en diciembre de 2021, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Lima lo contactó para incorporarlo como asesor político en su campaña. Posteriormente, en marzo de 2022, Correa viajó a Lima para participar activamente en las actividades electorales, viajes que se realizaron en coordinación con Jeanette Alonso, administradora del partido y actual regidora metropolitana, y Fernando Sandoval, secretario de Organizaciones de Renovación Popular.
“Los primeros primeros pagos se realizan a través de terceros designados por usted (como su chófer personal, el Sr. Pepe Reyna), supuestamente debido a mi condición de extranjero sin carné de extranjería”, indicó. Según explica Correa, la justificación dada para este mecanismo de pago fue su condición de extranjero sin carné de extranjería. Asimismo, a pedido del actual alcalde de Lima, constituyó la empresa Focus Marketing & Management, lo que permitió formalizar la recepción de sus honorarios. Inicialmente, acordaron un pago mensual de cinco mil dólares netos, en ocasiones entregados en efectivo.
Tras la victoria electoral de López Aliaga en los comicios municipales de 2022, Correa afirma que se le propuso continuar en su cargo hasta el año 2026. Como parte de este acuerdo, se le habría ofrecido un incremento en su retribución mensual, que pasaría de 5 mil dólares a 40 mil soles. Sin embargo, el exasesor señala que esta promesa no se cumplió, ya que desde enero de 2023 hasta mayo de 2024 solo recibió pagos de treinta mil soles mensuales, a través de Renovación Popular, incumpliendo lo pactado.
“A partir de enero de 2023 hasta mayo de 2024, los pagos que me efectuaron por medio del partido fueron únicamente de 30.000 soles netos, incumpliendo lo acordado (40.000 soles)”, señala Correa.
Asignaron fondos a programa de Andrés Hurtado
Ariel Ricardo Correa recordó a Rafael López Aliaga una reunión en la que participaron el gerente municipal, Oscar Lozan, y dos personas vinculadas a Renovación Popular, Luis Rubio y Fernando Sandoval. Según su testimonio, durante este encuentro se le impuso un esquema de cobro fraccionado con la justificación de destinar fondos al programa televisivo de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”.
“El 7 de mayo de 2024, en una reunión privada en la Municipalidad de Lima, a la que también convocó al Sr. Oscar Lozan (Gerente de la Municipalidad), al Dr. Luis Rubio y al Sr. Fernando Sandoval, se me impuso un esquema de cobro fraccionado y complejo, aduciendo que el partido debía destinar fondos al programa de televisión de ‘Andrés Hurtado’”, detalla Correa en su misiva.
Pagos a exasesor de RLA se realizaron mediante terceros
El nuevo esquema de pago que le habrían impuesto constaba de tres partes. Primero, debía facturar mensualmente a la Municipalidad de Lima a través de su empresa la suma de 8 UIT (aproximadamente 40 mil soles). Segundo, se le pidió facturar 12 mil soles mensuales al partido Renovación Popular mediante la ONG ACAP. Y, en tercer lugar, se le indicó que debía emitir recibos por honorarios por 15 mil soles desde distintas Organismos Públicos Descentralizados (OPD) de la Municipalidad de Lima, con el fin de “financiar encuestas que midiesen su aprobación política y otros temas relacionados con su actividad”.
La situación se tornó aún más irregular en junio de 2024, cuando, según Correa, el alcalde de Lima instruyó a la regidora Jeanette Alonso para que le pagara utilizando la cuenta bancaria de los colegios PRODEC, instituciones educativas vinculadas a una asociación sin fines de lucro del Opus Dei. Además, en los meses siguientes, los pagos habrían sido canalizados a través de organismos municipales por conceptos que, según él, no guardaban relación con las funciones para las que fue contratado.
En noviembre de 2024, la congresista Norma Yarrow le comunicó que estaba despedido. Al solicitar explicaciones, López Aliaga le habría respondido que no podía garantizarle un pago legal y transparente.
Finalmente, Correa también denuncia que, además de los incumplimientos salariales, nunca se formalizó su contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dejándolo en una situación de vulnerabilidad legal.
“No se me informó ni se cumplió con las obligaciones legales derivadas de mi condición de trabajador extranjero, omitiendo el registro del contrato ante el Ministerio de Trabajo, e involucrándome en un esquema que aparenta eludir las normas nacionales”, reclamó Correa
