Gobierno oficializa cierre del Proyecto Legado y transfiere presupuesto millonario al IPD, envuelto en corrupción

El Proyecto Especial Legado, responsable de la gestión de las infraestructuras deportivas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, ha sido oficialmente disuelto por el Gobierno de Perú. Según el Decreto Supremo N° 020-2025-PCM, publicado el 12 de febrero de 2025, la administración de sus recursos, bienes y funciones será transferida al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta decisión, que busca reorganizar las competencias estatales, ha generado preocupación debido a los antecedentes de gestión del IPD y la proximidad de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

De acuerdo con el decreto, la transferencia de los recursos presupuestales, bienes y acervo documentario del Proyecto Especial Legado deberá completarse en un plazo máximo de 30 días calendario. Mientras tanto, la PCM asumirá las funciones relacionadas con los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (Centros MAC), una de las iniciativas clave del proyecto. Para garantizar el cumplimiento de este proceso, se ha conformado una Comisión de Transferencia integrada por representantes de la PCM, el IPD, el Ministerio de Educación y el propio Proyecto Especial Legado.

El Proyecto Especial Legado fue creado en 2015 con el objetivo de gestionar las infraestructuras y actividades relacionadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Durante su existencia, administró cinco recintos de nivel internacional y 40 sedes de competencia. Además, organizó cientos de eventos internacionales y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19, al habilitar sus instalaciones como centros de atención y aislamiento, así como una planta de oxígeno que producía 28 toneladas diarias, detalló un reportaje de Canal N.

Sin embargo, la decisión de extinguir el proyecto ha generado críticas y dudas sobre el futuro de estas instalaciones, especialmente considerando que Perú será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Según El Peruano, el presupuesto asignado para este evento asciende a 369 millones de dólares, lo que subraya la magnitud del desafío que ahora recae en el IPD.

El decreto que ordena la extinción del Proyecto Especial Legado se fundamenta en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Según estas normativas, los proyectos especiales deben ser de carácter temporal y extinguirse una vez cumplidos sus objetivos. En este caso, una evaluación realizada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM identificó una duplicidad de funciones entre el Proyecto Especial Legado y el IPD, lo que motivó la decisión de transferir las competencias al organismo deportivo.

El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la medida argumentando que busca garantizar una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, el decreto establece que la PCM asumirá la responsabilidad de los Centros MAC, una estrategia clave en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, cuyo objetivo es mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios estatales.

A pesar de las justificaciones del Ejecutivo, la transferencia de funciones al Instituto Peruano del Deporte ha generado inquietudes debido a los antecedentes de esta entidad. Según un informe de la Contraloría General de la República, el IPD dejó de ejecutar más de 10 millones 176 mil soles de su presupuesto en 2024, lo que afectó el cumplimiento de sus objetivos. Además, se detectaron irregularidades como el pago de 29.500 soles a un proveedor inhabilitado, quien presentó declaraciones juradas falsas.

Por otro lado, investigaciones fiscales han vinculado al IPD con presuntas influencias ilícitas relacionadas con la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Según documentos del caso, el IPD habría sido utilizado para beneficiar intereses privados y políticos, lo que pone en entredicho su capacidad para gestionar de manera eficiente y transparente las funciones transferidas.

Gracias al Proyecto Legado de los Juegos Panamericanos, Perú logró gestionar la postulación y obtención de la sede Lima 2027. Durante su funcionamiento, varias figuras deportivas nacionales consolidaron sus trayectorias, como Stefano Peschiera, medallista olímpico en París 2024, quien entrenó en la sede de Punta Rocas. Otros destacados incluyen a Alexia Sotomayor (natación), Ángelo Caro (skateboarding), Luca Mesinas (surf), Angélica Espinoza (parataekwondo) y Efraín Sotacuro (paraatletismo).

La decisión de disolver el Proyecto Especial Legado también ha generado críticas en el ámbito deportivo. Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que el proyecto siempre fue un “bocado apetitoso” para quienes buscaban aprovecharse de sus recursos. Según Neuhaus, la intención original era mantener al Proyecto Legado alejado de los problemas administrativos del IPD.

Por su parte, el velerista olímpico Stefano Peschiera destacó que el Proyecto Legado había administrado las sedes deportivas de manera satisfactoria, con un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de dólares, en contraste con los 2,5 millones asignados al IPD. Estas declaraciones subrayan las dudas sobre la capacidad del IPD para asumir la gestión de las infraestructuras deportivas de cara a los Juegos Panamericanos 2027.