Controversia en el sector Construcción: Capeco y ASEI enfrentados por el Bono Justo para familias estafadas en Techo Propio

La implementación del denominado ‘Bono Justo’ para los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional (BFH) de Techo Propio que fueron estafados por desarrolladores inmobiliarios ha puesto en evidencia algunas tensiones y desafíos que enfrenta el sector construcción en el Perú. Mientras la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) celebra la iniciativa como un acto de justicia para las familias afectadas, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) plantea la necesidad de soluciones más integrales que garanticen la culminación de los proyectos.

¿Qué ha pasado? Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lanzó un rescate para las familias afectadas por proyectos inmobiliarios inconclusos. El valor del BFH, uno de los subsidios con que el Estado peruano promueve el acceso a una vivienda digna, fue incrementado en casos de restitución de elegibilidad, alcanzando un total de S/57.245 gracias a la adición de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta disposición, establecida mediante la Resolución Ministerial N° 045-2025-VIVIENDA, tiene como objetivo garantizar que los beneficiarios puedan recuperar su derecho al bono, siempre que cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con el MVCS, el Fondo Mivivienda S.A. será el encargado de restituir la condición de elegible a los afectados, permitiendo que las familias puedan acceder nuevamente al programa. Este incremento representa un aumento significativo respecto al monto anterior, que era de S/46.545. Sin embargo, la medida ha generado opiniones divididas dentro del sector construcción, que cuestionan su alcance para resolver los problemas estructurales de vivienda en el país.

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, expresó su apoyo a la decisión del Ministerio de Vivienda. En declaraciones a Infobae Perú, Zapata calificó la restitución del bono como una medida “altamente positiva”, argumentando que las familias afectadas no son responsables de los incumplimientos de las entidades financieras o desarrolladoras inmobiliarias.

Zapata destacó que muchas personas han invertido tiempo y recursos en cuotas iniciales y pagos periódicos sin recibir la vivienda prometida. En este contexto, consideró que el bono adicional de casi S/10.000 por familia (el Bono Justo) es una forma de compensación por el tiempo y el esfuerzo depositados. Además, elogió al MVCS por implementar la iniciativa, reconociendo las dificultades presupuestarias y legales que implica.

“El Estado debe accionar contra las empresas que no han cumplido con los proyectos o contra las entidades financieras que han quebrado”, afirmó Zapata. Según el líder de Capeco, esta medida no solo restituye derechos, sino que también representa un acto de justicia para las familias perjudicadas.

En constraste, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), aunque no se opone a la restitución del bono, considera que la medida no aborda el problema de fondo. El presidente de ASEI, José Espantoso, señaló previamente para Infobae Perú que el principal desafío radica en garantizar la culminación de los proyectos inmobiliarios.

Espantoso explicó que, si bien el bono adicional puede mitigar el daño causado a las familias, no resuelve el problema estructural de los proyectos paralizados. Propuso que, en lugar de ejecutar garantías tras largos procesos judiciales, se implemente un mecanismo de fideicomiso de titulización.

Este modelo permitiría que, en caso de incumplimiento por parte del desarrollador original, otro desarrollador asuma la ejecución del proyecto, asegurando la entrega de las viviendas. ASEI no ve con buenos ojos las 2 UIT adicionales, y han alcanzado un plan alternativo al MVCS.

“El objetivo debe ser entregar las llaves a las familias y no dejar los recursos hundidos en proyectos inconclusos”, afirmó Espantoso. Según el gremio que agrupa al 80% de desarrolladores de Lima Metropolitana, este enfoque garantizaría que las inversiones del Estado y de las familias no se pierdan, promoviendo una solución más efectiva y rápida.

Pero Zapata aclara que la medida no está diseñada para resolver el déficit habitacional general del país, que supera las 1,8 millones de viviendas. El titular de Capeco subrayó para Infobae Perú que el nuevo reglamento busca atender un problema específico: las familias que fueron adjudicatarias de un bono y no recibieron su vivienda.

Aunque la restitución del bono podría beneficiar a entre 15.000 y 20.000 personas afectadas por proyectos inconclusos, dice Zapata, el reglamento se enfoca exclusivamente en la restitución al consumidor, mientras que la judicialización de los proyectos y la intervención de las entidades financieras son aspectos que deben resolverse en otras instancias.

“El problema de vivienda es mucho más grande que esto. La norma es puntual y busca darle justicia a estas personas”, sentencia.

El aumento del BFH se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la falta de vivienda en el Perú. Según la normativa vigente, el bono está destinado a Viviendas de Interés Social (VIS) en modalidades como Lote Unifamiliar y Edificios Multifamiliares.

Precisamente, el MVCS mueve por estos días otro tema álgido para su agenda, esta vez referido al nuevo reglamento de la VIS en el Perú, cuyo diferendo ha escalado en más de una ocasión al Tribunal Constitucional y enfrentado a los socios de ASEI con municipios como Miraflores, Surco y San Isidro por la construcción de edificios multifamiliares de 15 ó 20 pisos donde antes solo se permitían alturas de hasta 5.

En este punto, sí coinciden Capeco y ASEI respecto a que debe ser el mercado y no el Estado quien defina el área máxima para otorgar un bono par la VIS (desde el MVCS plantean un mínimo de 40 metros cuadrados por departamento). Ambos gremios también rechazan que se busque retirar al Rango 5, que va desde S/355.000 a S/479.000, del programa de subsidios del Fondo MiVivienda, pero confían en que el Estado peruano retroceda.

Mientras tanto, las familias beneficiarias esperan que esta medida les permita recuperar la esperanza de acceder a una vivienda digna y cumplir el sueño de la casa propia.