La reciente designación de KCS Corredores de Seguros como administradora de seguros del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), la entidad encargada de gestionar los fondos descontados mensualmente a los agentes de la PNP, ha generado cuestionamientos luego de revelarse su vínculo con Carlos Chong Campana, sobrino lejano de la presidenta Dina Boluarte. Chong, quien en marzo de 2023 fue ascendido a teniente general por la mandataria, actualmente ocupa el cargo de gerente de negocios en la empresa beneficiada.
La contratación de KCS Corredores de Seguros se realizó sin un proceso de licitación, reemplazando a Romi Carolina Díaz Álvarez, quien había sido seleccionada en septiembre de 2024 mediante un procedimiento formal llevado a cabo por la Unidad de Logística de Fovipol. Sin embargo, semanas atrás, el gerente general de Fovipol, Jenry Paredes, anuló su designación sin previo aviso y eligió directamente a la empresa en la que trabaja el sobrino de la presidenta Boluarte.
Carlos Chong Campana negó haber influido en la selección de KCS Corredores, aunque reconoció haber orientado al gerente de la empresa con indicaciones como: “Anda con tu gente, ofrece tu producto y lo que vas a hacer”. En su defensa, argumentó que la contratación no requería licitación y que “cualquier entidad del Estado puede designar a cualquiera”. El gerente general de Fovipol, Jenry Paredes, justificó la elección señalando que la gerencia tiene facultades para seleccionar directamente a la empresa que considere más conveniente. “No necesitamos proceso de selección porque no pagamos a un broker. La gerencia elige a quien ofrece mejores servicios para nuestros asegurados”, explicó.
Publicaciones sobre sobrino de Dina Boluarte fueron eliminadas de redes sociales
Poco después de que la denuncia periodística sobre este caso se hiciera pública en Cuarto Poder, fotografías y publicaciones en redes sociales que vinculaban a Carlos Chong Campana con KCS Corredores de Seguros fueron eliminadas. En el sitio web de la empresa y en su página de Facebook desaparecieron imágenes en las que Chong Campana figuraba cumpliendo funciones como gerente de negocios, lo que ha generado dudas sobre un intento de ocultar su relación con la firma beneficiada.
El equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ingresó recientemente a la sede de Fovipol para indagar sobre la contratación de KCS Corredores de Seguros, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración de fondos.Además, la designación de la corredora de seguros se realizó a pesar de que las bases del proceso de selección previo indicaban que la revocación del nombramiento solo procedía si el broker incumplía alguna de sus obligaciones, lo cual no se habría presentado en este caso. Asimismo, desde KCS Corredores de Seguros, su gerente general Dante Reyna aseguró que la empresa está evaluando las pólizas para determinar mejoras en coberturas y siniestros, pero hasta el momento no han presentado una propuesta oficial ni cifras concretas.
Irregularidades previas en Fovipol: millonarias pérdidas en proyectos inmobiliarios
Antes del reciente caso que involucra la contratación de KCS Corredores de Seguros, el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) ya había sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a la construcción de viviendas para policías. En 2024, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en la gestión del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) tras detectar que empresas inmobiliarias fueron beneficiadas con pagos anticipados por S/ 34 708 569 para la construcción de casi 1,000 viviendas en Lambayeque y Piura, proyectos que hasta la fecha no han sido concluidos ni entregados. Según auditorías del Órgano de Control Institucional (OCI), los fondos fueron administrados sin el debido control, comprometiendo la transparencia y afectando a los policías que contribuyen mensualmente a este fondo.
Las irregularidades más graves se registraron en los proyectos “La Purísima” y “Carlos Stein” en Lambayeque, financiados con S/ 38 487 075. La adjudicación de las obras no se realizó mediante licitación pública, y posteriormente los contratos fueron modificados para permitir adelantos de hasta 25% del presupuesto, sin garantías adecuadas. La Contraloría determinó que el contratista recibió S/ 9 621 769 sin justificación y que el aval hipotecario utilizado como garantía fue sobrevalorado, lo que generó un perjuicio económico significativo. El contratista nunca inició la obra en “Carlos Stein” y paralizó unilateralmente la construcción en “La Purísima”, dejando numerosas viviendas en condiciones inhabitables.
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