El abogado de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, presentó una denuncia penal contra los periodistas Christopher Acosta y Pedro Tenorio, de Latina TV, la televisora responsable de destapar el escándalo relacionado con la distribución de alimentos en mal estado en el programa ‘Qali Warma’ y la presunta existencia de una red de corrupción.
Mónica Delta, conductora de Punto Final, comentó este domingo que la denuncia surge como resultado de la serie de reportajes emitidos en las últimas semanas, los cuales llevaron a la renuncia de Demartini.
“Durante semanas, la unidad de investigación de Latina Noticias ha compartido un conjunto de informes que han revelado el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Hablamos de Frigoinca-Qali Warma, un caso que nació aquí” indicó Delta, quien también precisó que la denuncia se fundamenta en una supuesta revelación indebida de información confidencial.
“Los honorarios de este abogado son pagados por el Midis con el dinero de todos los peruanos”, agregó. La acusación refiere que la identidad de la colaboradora eficaz Noemí Alvarado, denunciante del caso, fue revelada “indebidamente”. Alvarado trabajó en la empresa Frigoinca, cuyo presidente del directorio, Nilo Burga, fue encontrado sin vida en un hotel de Lima.
![Julio Demartini, exministro de Desarrollo](https://www.infobae.com/resizer/v2/SYEI4UDJBRHRRICKA4UPMEKHZQ.jpg?auth=615d39facf4f1b6396b27d891a2e5a58867f9a9461385acc27465918d84cb5c9&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
“(La identidad) es de público conocimiento, y ya había sido difundida no solo por los medios de comunicación, sino también por ella misma en declaraciones públicas, las cuales fueron ofrecidas a Punto Final y otros programas", puntualizó Delta.
La conductora también destacó que la defensa de Demartini, a quien el Estado peruano paga 95 mil soles por la defensa del caso, parece tener como objetivo desacreditar el trabajo de investigación. “La estrategia de defensa del exministro y del Midis, a través de este abogado, es pretender callar nuestros esfuerzos por revelar un caso gravísimo de corrupción que afectó la alimentación de los niños más pobres del país,” afirmó.
Mencionó que, según el Ministerio de Inclusión Social, la demanda presentada es una iniciativa personal del abogado Juan Peña, y no refleja la postura oficial de la institución. “Es una explicación absurda con la que intentan desvincularse de su objetivo: incomodar al que investiga y aporta información al país”, añadió.
“Esto no es otra cosa que un acto de amedrentamiento al que, por supuesto, vamos a responder en todas las instancias necesarias, y quede en claro que de ninguna manera van a silenciar nuestro trabajo”, concluyó.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se declaró “preocupado” por el uso de recursos públicos “para demandar periodistas dedicados a investigar el poder político” y rechazó “cualquier tipo de amedrentamiento contra la prensa por el hecho de hacer su trabajo”.
Investigación
El caso Frigoinca es parte de una investigación por corrupción dentro del Ministerio, la cual llevó, el pasado 17 de diciembre, a un allanamiento en la casa del vocero presidencial Freddy Hinojosa, quien hasta 2022 fue director de ‘Qali Warma’ y figura como investigado en uno de los 25 expedientes abiertos sobre denuncias vinculadas a la entrega de alimentos en malas condiciones a escolares.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, detalló que Hinojosa es investigado por su rol como jefe de ‘Qali Warma’, ya que bajo su dirección se permitió la incursión de la empresa Frigoinca, que aumentó sus ventas a través del programa, a pesar de que los productos entregados no cumplían con los estándares de calidad.
Demartini también está incluido en la pesquisa por “omisión de funciones”, dado que el programa dependía directamente de su despacho ministerial. La fiscalía sostiene que el exministro no garantizó la calidad del servicio ofrecido por ‘Qali Warma’ a los escolares de zonas de extrema pobreza.
A raíz del escándalo, se han iniciado varias investigaciones contra los directivos y las empresas proveedoras. Además, el Ejecutivo anunció una reestructuración del programa, cuyo nombre fue cambiado a ‘Wasi Mikuna’. Como consecuencia de los informes revelados, Demartini presentó su renuncia a fines de enero y fue reemplazado por Leslie Urteaga, exministra de Cultura.
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