Un crimen estremecedor ha sacudido a la región La Libertad. José Antonio Pizán Peña, de 31 años, perdió la vida luego de que su pareja, Katerine Milagros Juárez Bermúdez, le mutilara los testículos con un arma blanca en su vivienda ubicada en el barrio El Bosque de Llacuabamba, en la provincia de Pataz.
El ataque ocurrió el pasado 2 de febrero, y fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de la víctima. Al llegar, la Policía Nacional (PNP) detuvo a la Juárez Bermúdez, quien intentó huir, pero fue retenida por los propios vecinos.
Según la información policial, la víctima sufrió una profunda herida en el muslo izquierdo que alcanzó una arteria, provocando un shock hemorrágico. A pesar de ser trasladado al hospital por la ronda campesina, no logró sobrevivir.
Se conoció que Pizán Peña había denunciado previamente a Katerine Milagros Juárez Bermúdez por agresión, pero no se tomaron medidas que evitaran esta tragedia. Ahora, los familiares del fallecido exigen justicia y piden que el caso no quede impune.
Mientras tanto, la presunta homicida fue llevada a la sede de la Depincri en Huamachuco, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen y determinar su responsabilidad.
Un caso similar
Días atrás, el Poder Judicial condenó a 12 años de prisión efectiva a M.R.C., tras hallarla culpable del delito de lesiones graves por violencia contra integrantes del grupo familiar, luego de amputarle el miembro viril a su pareja en Cajamarca.
El ataque ocurrió la madrugada del 9 de febrero de 2024. Según la investigación, la víctima, un biólogo, se encontraba dormido tras haber ingerido alcohol cuando M.R.C. revisó su teléfono celular y encontró mensajes de otra persona. Acto seguido, cortó su buzo y, con un bisturí, le mutiló el órgano sexual.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital José Soto Cadenillas de Chota, donde recibió atención inicial. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas y la falta de especialistas en el centro médico, fue referido al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Lambayeque.
La víctima, padre de cinco hijos —tres de ellos con la agresora—, fue ingresada en el área de urología con un pronóstico reservado y la necesidad de recibir apoyo psicológico. En un inicio, M.R.C. afirmó que el hombre se había autolesionado.
El comandante Hugo Cieza, de la comisaría sectorial, indicó que dos personas fueron detenidas en flagrancia. No obstante, tras las primeras diligencias, ambas quedaron en calidad de citadas, debido a que contaban con arraigo laboral y domiciliario.
Según el jefe policial, la acusada llevó a su pareja al hospital y aseguró que la lesión había sido autoinfligida. No obstante, durante la investigación y tras la declaración del agraviado, se confirmó que ella fue la responsable del ataque.
La fiscal provincial Darinka Lossio, del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chota, presentó pruebas contundentes durante el juicio oral que demostraron la culpabilidad de M.R.C.
El Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, además de dictar una condena de 12 años de prisión, ordenó el pago de más de medio millón de soles como reparación civil a favor de la víctima, según la resolución difundida por el portal especializado LP - Pasión por el Derecho.
Canales de ayuda y orientación
Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia familiar o sexual, puedes contactar gratuitamente a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este servicio ofrece atención especializada en información, orientación y apoyo emocional. Además, en casos graves, la Línea 100 puede derivar los casos a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
La Línea 100 está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo feriados. En situaciones de emergencia, también puedes comunicarte con los bomberos llamando a la Línea 116 o con la Policía Nacional del Perú a la Central de Emergencias 105. Recuerda que el uso indebido de la línea 105 supone el pago de una multa de hasta S/19.800 o la cancelación del servicio.
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