El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, reavivó el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para delitos de corrupción, respaldando una propuesta similar a la promovida por Antauro Humala. Esta iniciativa ha derivado en la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que busca endurecer las sanciones contra funcionarios involucrados en actos ilícitos.
Desde San Martín de Porres, el burgomaestre expresó su postura respecto a la legalización de la pena capital en el país. En su intervención, sostuvo que Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar la pena máxima a quienes incurran en corrupción dentro de la función pública. También planteó que, si la pena de muerte no llegara a concretarse, se debería considerar la cadena perpetua como alternativa.
“En mi opinión, debemos retirarnos de esa Corte de Derechos Humanos, que no sirve para nada. Cualquier funcionario público, ya sea alcalde, ministro o presidente, debe enfrentar la pena de muerte. Pena de muerte. Y si no es posible aplicarla, entonces cadena perpetua”, declaró López Aliaga durante su intervención.
El alcalde formuló estas declaraciones en el marco del inicio de las obras de construcción de pistas y veredas en la avenida Pacasmayo, un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad entre San Martín de Porres y el Callao. Durante su discurso, afirmó que la corrupción ha impedido el desarrollo de diversas jurisdicciones, mencionando como ejemplo el caso de Puente Piedra, donde, según él, no se han ejecutado obras de infraestructura en más de 30 años.
“Plata hay, plata hay, pero solo cuando no hay corrupción”, enfatizó el burgomaestre al referirse a la falta de inversión en distintas zonas de Lima.
López Aliaga defiende la pena de muerte y pone como ejemplo a Singapur
López Aliaga citó el caso de Singapur para sustentar su posición sobre la aplicación de la pena de muerte en casos de corrupción. Según señaló, este país asiático implementó la pena capital como sanción contra funcionarios corruptos, lo que, en su opinión, permitió reducir drásticamente estos delitos.
“En Singapur tenía un montón de problemas de corrupción. Pusieron pena de muerte y chao. Se acabó la corrupción”, afirmó, haciendo hincapié en los efectos que, según él, tuvo esta medida en dicho país.
Durante su intervención, reiteró que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en el país y que se necesitan sanciones ejemplares para evitar que funcionarios sigan cometiendo estos delitos.
¿Cómo Singapur redujo la corrupción?
Singapur es reconocido a nivel mundial por su éxito en la lucha contra la corrupción, posicionándose como uno de los países con menores índices de este delito. A diferencia de lo señalado por el alcalde de Lima, el país asiático no implementó la pena de muerte para sancionar actos de corrupción, sino que estableció un sistema basado en sanciones estrictas, supervisión constante y una administración pública transparente y bien remunerada.
El ex primer ministro Lee Kuan Yew fue el principal impulsor de estas medidas. Durante su mandato, fortaleció la Oficina de Investigaciones de Prácticas Corruptas (CPIB, por sus siglas en inglés), un organismo autónomo con amplios poderes para investigar tanto el sector público como el privado. Su independencia permite actuar sin interferencias políticas y garantizar que cualquier denuncia sea abordada con rigor.
El marco legal de Singapur también ha sido un pilar en esta estrategia. Se establecieron leyes estrictas y sanciones severas para quienes incurran en corrupción. Las penas incluyen largas condenas de prisión, elevadas multas y la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente. Aunque la pena de muerte existe en Singapur, su aplicación se restringe a delitos graves como el narcotráfico y crímenes violentos, sin extenderse a la corrupción.
Otra medida clave ha sido la implementación de altos salarios para funcionarios públicos, estrategia diseñada para desincentivar el soborno. Los sueldos competitivos, alineados con los del sector privado, han reducido la necesidad de recurrir a prácticas ilícitas.
Singapur también adoptó una política de cero tolerancia y aplicación estricta de la ley. La CPIB puede investigar a cualquier persona, sin importar su cargo o influencia, y los procesos judiciales se desarrollan con rapidez y transparencia. Además, la meritocracia es un principio fundamental en la administración pública, evitando el nepotismo y garantizando la eficiencia en el manejo de los recursos estatales.
Proyecto de ley para castigar con muerte los actos de corrupción
El congresista Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de reforma constitucional para extender la aplicación de la pena de muerte en el Perú. La iniciativa propone que esta sanción se aplique a delitos graves como el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y los crímenes contra la integridad de niños y adolescentes.
El proyecto busca modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, que actualmente solo permite la pena capital en casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo, conforme a las leyes y tratados internacionales suscritos por el país.
La propuesta incorpora un nuevo párrafo que facultaría al Estado peruano a denunciar los tratados internacionales pertinentes para viabilizar la implementación de la pena de muerte en los delitos mencionados. La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso.
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