PNP confirma que el crimen de Andrea Vidal fue por encargo: investigan participación de personas vinculadas al Congreso

El asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, sigue envuelto en misterio. La muerte de la joven generó una tormenta política al destapar la existencia de una presunta red de prostitución y favores sexuales, nada más que en los interiores de Palacio Legislativo.

Conforme pasa el tiempo, la Policía Nacional del Perú ya tiene más luces y una hipótesis más clara sobre el violento crimen que terminó con la vida de la abogada y el chófer del taxi en el que viajaban. Fuentes de la División de Homicidios revelaron al semanario Hildebrandt en sus trece, que la participación de Rodrigo Falcón, enamorado de la víctima, podría descartarse debido a la logística usada en el atentado.

El acceso al celular de Andrea Vidal se ha convertido en un punto clave para la investigación. Fuentes cercanas al caso aseguran que solo con revisar la galería de imágenes almacenadas en el dispositivo podrían adoptarse medidas más contundentes en el proceso.

Por otro lado, la Fiscalía ha confirmado que el cirujano plástico Raúl Manzaneda Cipriani realizó una intervención a Vidal en octubre de 2023, poco después de su ingreso a la Oficina Legal y Constitucional. Además, los fiscales cuentan con evidencia fotográfica de la camioneta de Jorge Torres Saravia estacionada en la cuadra dos de la calle Deán Valdivia, en San Isidro, lo que refuerza las sospechas sobre los privilegios y conexiones que rodeaban a la víctima dentro del Congreso.

Supuestamente, el edificio donde está estacionado el vehículo de Torres Saravia sería uno de los lugares que rentaba a través de la plataforma Airbnb para organizar las reuniones en las que participaban altos funcionarios parlamentarios.

Hasta el momento, la fiscal Claudia Montero Soto, encargada de investigar el crimen de Vidal Gómez, no ha incorporado a Jorge Torres Saravia en el expediente, ni siquiera en calidad de testigo. Pero quienes sí han acudido a rendir su testimonio han sido otros trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Según pudo recoger H13, los trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso mostraron su desconcierto, cuando además de ser interrogados por Andrea Vidal, Alexandra Gil e Isabel Cajo, les mencionaban a otras dos mujeres desconocidas, por lo que la lista que maneja la Fiscalía, sería más larga de lo que se piensa.

Uno de los congresistas más involucrados en este caso es Alejandro Soto, quien presidía la Mesa Directiva cuando se concretó la contratación de Isabel Cajo. Su ingreso al Parlamento generó controversia, ya que la joven no contaba con el grado de bachiller, pero percibía un sueldo superior a los 7 mil soles.

Su traslado del Área de Administración de Bienes a la Oficina Legal y Constitucional se formalizó mediante una adenda. Sin embargo, trabajadores de la oficina han señalado que su designación era innecesaria, pues su única tarea consistía en registrar los ingresos y salidas del área, un control que, en la práctica, nunca se implementó.

Fuentes parlamentarias advierten que este documento es inusual, ya que lo común es firmar un nuevo contrato y no una adenda. Además, la Fiscalía sospecha que esta modificación contractual se habría realizado para dejar constancia de que la orden provino directamente de la Presidencia del Congreso.

Aunque el documento lleva la firma de Haydi Figueroa Valdez, entonces jefa de Recursos Humanos, en el encabezado se señala explícitamente que la “disposición” fue autorizada por la máxima autoridad legislativa. Estas revelaciones podrían agravar la situación de Soto en el marco de las investigaciones en curso.