La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso (APP), quien era investigada por el presunto delito de concusión en el caso conocido como ‘Mochasueldos’. La parlamentaria había sido señalada por presuntamente exigir parte del sueldo de sus trabajadores, utilizando como intermediario a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
A pesar de la decisión del Congreso, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar si existió un esquema de cobros irregulares dentro del despacho congresal de Torres. Según la fiscalía, las transferencias económicas de los trabajadores se habrían realizado entre 2021 y 2023, con montos que iban desde los 1.000 hasta los 10.000 soles.
Decisión del Congreso y argumentos de la subcomisión
Durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña (APP), informó que el informe final elaborado por el congresista Segundo Quiroz recomendó archivar la denuncia, al considerar que la imputación fiscal no contaba con la solidez suficiente para proceder.
“La imputación fiscal carece de solidez. La mera sospecha no es suficiente (...) la carga de la prueba recae en la parte acusadora. La fiscalía no ha logrado cumplir con este estándar”, señala el documento aprobado en la subcomisión.
El caso ‘Mochasueldos’ surgió tras una investigación periodística y una denuncia del Ministerio Público, que señalaba que Torres habría solicitado a su personal congresal aportar parte de sus sueldos. Según la fiscalía, estos montos habrían sido depositados en cuentas de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien también es investigado como presunto cómplice.
En 2024, el Poder Judicial autorizó el levantamiento de la confidencialidad bancaria de Torres y Pérez Guerra, con el objetivo de rastrear los movimientos financieros y determinar si existió una estructura destinada a canalizar estos fondos.
Fiscalía mantiene investigación y rastreo de movimientos bancarios
A pesar del archivo de la denuncia constitucional en el Congreso, el Ministerio Público continúa con la investigación penal. La fiscalía sostiene que las transacciones bancarias realizadas entre julio de 2021 y abril de 2023 evidencian un patrón de depósitos en las cuentas de Pérez Guerra, provenientes de asesores y auxiliares del despacho de Torres.
El documento del Poder Judicial señala, además, que la congresista habría aprovechado su posición como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2021-2022 para solicitar estas contribuciones económicas. Además, menciona que el dinero retenido a los trabajadores habría sido transferido a cuentas bancarias controladas por su sobrino.
La fiscalía ha solicitado informes periciales sobre los movimientos bancarios y el testimonio de los trabajadores que habrían entregado parte de sus sueldos. Según las pesquisas, los fondos obtenidos de este modo formarían parte de un presunto mecanismo de abuso de poder dentro de la estructura congresal.
El caso ‘Mochasueldos’ se suma a otras investigaciones sobre el manejo de fondos en el Congreso y pone en la mira las prácticas internas dentro de algunos despachos parlamentarios.
Congreso solo sancionó a un ‘Mochasueldos’
Durante todo el 2024, el Congreso de la República solo sancionó a un congresista, de un total de 16, investigados por ‘Mochasueldos’. La única sanción recayó sobre la excongresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, quien fue suspendida en marzo del año pasado por el Pleno. La medida se tomó tras las denuncias en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Sin embargo, el resto de los casos denunciados casi ni se tocaron en las instancias legislativas. Entre los procesos más destacados se encuentra el relacionado con el caso Los Niños, que involucra a los congresistas Jorge Flores, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Raúl Doroteo.
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