En el colegio Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, la educación se imparte sin acceso a electricidad desde hace seis años. Más de 120 estudiantes de inicial, primaria y secundaria asisten a clases en un plantel donde las computadoras y tabletas permanecen inutilizadas por la falta de energía.
Mientras en el centro poblado cercano hay suministro eléctrico, en la escuela la situación sigue sin resolverse, pese a reiterados reclamos de docentes y padres de familia.
El director de la institución, Samir Álvarez, denunció que el problema se originó en 2019, cuando una obra financiada por el Gobierno Regional de Piura quedó inconclusa. Según explicó, la empresa encargada de ejecutar el proyecto nunca entregó formalmente la infraestructura, lo que impidió que el servicio eléctrico se habilitara. Desde entonces, diferentes directores han gestionado soluciones ante las autoridades, pero la dificultad persiste.
“Las tabletas están empaquetadas. Los padres de familia están muy preocupados. En el centro poblado hay luz, pero la escuela no, pese a que estamos solo a medio kilómetro del pueblo”, señaló la profesora Etelvina Chiroque en declaraciones a RPP.
Sin condiciones adecuadas
El caso del colegio Francisco Bolognesi es un reflejo de una problemática más amplia en el país. A menos de dos meses del inicio del año escolar, más de 400 colegios en Lima Metropolitana han sido catalogados como de alto y muy alto riesgo debido a problemas de infraestructura, según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de planteles en situación crítica, que pasaron de 353 en 2022 a 413 en 2025. Este incremento ha generado preocupación, ya que muchos de estos colegios no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes.
Entre los planteles más afectados figura la I.E. 2002 Mariscal Ramón Castilla, en el distrito del Rímac, donde ocho de sus 21 aulas presentan riesgo estructural. Un pabellón completo ha sido clausurado por fallas en su infraestructura, y las paredes de varias aulas muestran daños por humedad.
En La Victoria, el colegio 093 Manuela Felicia Gómez enfrenta una situación similar: el cerco perimétrico deteriorado representa un peligro para los alumnos. En Chorrillos, las instituciones 6097 Mateo Pumacahua y 7064 María Auxiliadora tienen grietas en los muros, filtraciones de agua y aulas clausuradas por riesgo de colapso.
Módulos temporales
La falta de inversión en infraestructura educativa ha llevado a que muchos colegios recurran a módulos prefabricados como solución de emergencia. Sin embargo, en muchos casos estos espacios han permanecido durante más de una década, convirtiéndose en aulas definitivas.
En el colegio Mariscal Ramón Castilla, los módulos han sido instalados en patios y zonas recreativas, reduciendo el espacio disponible para actividades al aire libre. De acuerdo con la Defensoría, esta situación afecta la calidad educativa y genera riesgos adicionales para los alumnos, que estudian en estructuras no diseñadas para un uso prolongado.
Un problema adicional es la falta de saneamiento físico y legal de los terrenos donde funcionan muchos colegios. La jefa de educación de la sede defensorial de Lima, Milagritos Anderson, explicó que esta situación impide la ejecución de proyectos de inversión pública destinados a la rehabilitación de los planteles. “Sin el saneamiento físico y legal, no es posible aprobar ni financiar obras de infraestructura escolar”, advirtió.
Barreras burocráticas
La ejecución de proyectos de infraestructura educativa enfrenta trabas burocráticas que retrasan la atención de colegios en riesgo. La aprobación de un expediente técnico y la asignación de presupuesto pueden tardar años, prolongando la crisis en los planteles afectados.
Si bien el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario ha permitido la construcción de 17 colegios nuevos en Lima entre 2024 y 2025, estas medidas visiblemente son insuficientes frente a la magnitud del problema. Mientras algunos estudiantes acceden a instalaciones modernas, otros deben conformarse con aulas en condiciones precarias, ampliando la brecha en la educación.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha instado al Ministerio de Educación a agilizar las reformas necesarias para mejorar la infraestructura escolar y garantizar condiciones seguras para los estudiantes. Mientras tanto, en Huarmaca, los niños del colegio Francisco Bolognesi siguen esperando la llegada de la electricidad para poder aprender con la tecnología que, hasta ahora, no han podido usar.
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