Los transportistas han vuelto a acatar un paro. Cientos de ciudadanos que necesitan trasladarse de un punto de la capital a otro se verán afectados por la decisión adoptada por el gremio, pero es una de las pocas vías que tienen para llamar la atención de la clase política que no ha atendido con éxito sus reclamos.
El peligro que supone manejar un vehículo ya no es la única amenaza a la que se enfrentan los trabajadores del transporte público, las organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y la extorsión se han convertido en un constante tormento que pone en peligro sus vidas, la de sus familias y la de aquellos que día a día se suben a una combi o bus para transitar por la ciudad.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, ha confirmado que entre los principales reclamos de la movilización se encuentra la salida del ministro del Interior Juan José Santiváñez. Además, solicitan que se implemente una mejor estrategia en la lucha contra la ola delincuencial. Cabe recordar que tras la primera manifestación de transportistas, el gobierno dispuso la declaratoria del estado de emergencia, pero los resultados de la medida fueron cuestionados.
Anitra ha mencionado la necesidad de reestructurar la Policía Nacional del Perú (PNP) así como la eliminación de normas emitidas por el Congreso y que, de manera indirecta, beneficia a las organizaciones criminales. La Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani) también se ha sumado a la movilización que, hasta la última confirmación, durará 24 horas en Lima y Callao.
Hasta el cierre de esta nota, el paro de transportistas ha sido acatado de manera parcial en Lima. Usuarios del transporte público no han denunciado mayores complicaciones para trasladarse por la capital. Entre las empresas que han optado por no operar durante el 6 de febrero está el Chama. Un día antes una unidad fue víctima de un atentado por parte de extorsionadores.
Ministro impopular
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido blanco de críticas por su manejo de la crisis de inseguridad ciudadana. En el 2024, cuando se emitió la declaratoria del estado de emergencia, este prometió que daría un paso al costado si la medida no resultaba exitosa. A pesar de sus bajos niveles de popularidad este permanece en el cargo y su labor ha sido defendida por la presidenta Dina Boluarte.
Una encuesta de Ipsos Perú reveló que el 80% de los ciudadanos considera que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería renunciar, mientras que solo el 6% apoya su permanencia en el cargo. Esta opinión surge tras la declaración de Santiváñez de que el estado de emergencia en Lima y Callao fue exitoso, a pesar de que la ola de delitos como extorsiones, asesinatos y robos continúa.
Enero sangriento
En enero de 2025, el Perú registró 181 homicidios, triplicando los casos de enero de 2018, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. Lima Metropolitana concentró 58 de estos homicidios, seguida por La Libertad con 26, Callao con 19 y Piura con 11.
Durante los dos años de gestión de la presidenta Dina Boluarte, se han contabilizado aproximadamente 3,800 homicidios, y seis ministros han ocupado el cargo en el Ministerio del Interior. Actualmente, Juan José Santiváñez es el titular de esta cartera, bajo cuya dirección se registran en promedio seis homicidios diarios.
Además de los homicidios, en enero de 2025 se registraron 745 muertes violentas en total, siendo los accidentes de tránsito la principal causa con 219 casos, seguidos por los homicidios. El número total de defunciones en el mes fue de 7,162 hombres y 6,412 mujeres.