Adrianzén sobre paro de transportistas de este 6 de febrero: “Se trata de un paro convocado por organizaciones ilegales”

Los ministros del gobierno de Dina Boluarte minimizaron el paro convocado por un sector de transportistas para este jueves 6 de febrero, en respuesta a la creciente ola de extorsiones, atentados y hechos de sicariato que afectan al gremio. El primer ministro y los titulares de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y del Interior, Juan José Santiváñez, afirmaron que los gremios que respaldan la medida tendrían motivaciones políticas, restando importancia a las denuncias sobre la inseguridad que enfrentan los conductores.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que el paro convocado por un sector de transportistas estaría impulsado por organizaciones ilegales, a las que acusó de promover paralizaciones similares a las registradas durante el foro APEC. Según el premier, estos grupos estarían buscando desestabilizar el orden público bajo el pretexto de demandas ante la grave crisis de inseguridad que enfrenta el sector.

Asimismo, afirmó que la seguridad es “una preocupación que tenemos absolutamente todos” y aseguró que el Gobierno está “haciendo esfuerzos muy grandes” para enfrentar el problema. Sin embargo, la realidad sigue siendo alarmante: según cifras del Sinadef, 196 peruanos han muerto en hechos de violencia en lo que va del año.

Gustavo Adrianzén aseguró que el paro convocado para este jueves no tendrá impacto en la lucha contra la criminalidad y destacó que los gremios “legales” no se sumaron a la movilización.

“La paralización no contribuye en nada a la seguridad. El Perú no puede detenerse y, afortunadamente, los gremios legales y formales han anunciado, a través de comunicados, que no acatarán el paro porque consideran que trabajar es la mejor forma de enfrentar la inseguridad”, declaró el funcionario.

Asimismo, instó a la ciudadanía a no ceder ante el temor que buscan imponer los extorsionadores. “No podemos caer en el temor al que nos quieren conducir los extorsionadores. Esta gente de mal vivir, que pronto, aseguro, va a ser capturada”, concluyó.

Según Pérez Reyes, los transportistas en huelga estarían utilizando la “figura de la seguridad pública” como un pretexto para favorecer a la informalidad en el sector. Afirmó que con la paralización del servicio, los conductores informales podrían elevar sus tarifas y afectar a los usuarios.

El ministro también sugirió que los promotores del paro buscarían vincularse con movimientos políticos, insinuando que detrás de la protesta existiría una agenda distinta a la lucha contra la inseguridad.

“Más que representar legítimamente la preocupación por la seguridad ciudadana, los transportistas están preocupados por promover políticamente una agenda, utilizando la figura de la seguridad en el transporte como un elemento que refuerce su campaña política”, acotó.

A continuación, condenó que la crisis de inseguridad ciudadana sea utilizada como pretexto para convocar movilizaciones, asegurando que, según su percepción, estas responderían a un interés de proselitismo político. “Que se pongan la camiseta y no la escondan”, recomendó.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que el Gobierno ha coordinado acciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad durante el paro de transportistas convocado para este jueves 6 de febrero.

Como parte de estas medidas, se implementará un sistema de videovigilancia que contará con 156 cámaras de la Municipalidad de Lima, más de 365 cámaras de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y equipos de monitoreo de diversas municipalidades conectados al Centro de Control de la Avenida España, operado por la Policía Nacional. Según el ministro, este despliegue permitirá identificar a quienes cometan delitos durante la movilización y determinar las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Pérez Reyes enfatizó que el derecho a la protesta no justifica actos de vandalismo. “Protestar es legítimo, es un derecho democrático, eso no está en discusión, pero dañarle el vehículo a alguien bajándole la llanta, rompiéndole los vidrios, impidiendo su libre tránsito sí implica un delito. Y creo que eso hay que sancionarlo como corresponde y de acuerdo a lo que la ley establece”, indicó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para este jueves 6 de febrero, desestimando sus demandas al señalar que la movilización está liderada por “transportistas ilegales” y promovida por “algunos actores políticos”.

“La manifestación de mañana será llevada a cabo por transportistas informales, es decir, ilegales. Se trata de un paro convocado que, como ya se ha reconocido, no solo involucra a ciertos actores políticos, sino también a algunos actores privados, y que claramente está vinculado a un tema político”, sostuvo el titular del Mininter.

Si bien reconoció el derecho a la protesta, Santiváñez se enfocó en advertir que esta no debe afectar el patrimonio público o privado ni la integridad de las personas, dejando en segundo plano las preocupaciones de los transportistas sobre la inseguridad y la ola de extorsiones que enfrentan. Además, aseguró que la Policía Nacional brindará protección a quienes no se sumen a la paralización, pero lanzó una advertencia contundente sobre el uso de la fuerza.

Las declaraciones del ministro reflejan una postura más orientada a contener la protesta que a atender las demandas de seguridad del gremio transportista, cuya crisis se ha agudizado en los últimos meses.