Leslie Urteaga Peña, recientemente designada como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se encuentra bajo el escrutinio de la justicia debido a diversas investigaciones en curso. La funcionaria enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión, vinculados a su gestión en el Ministerio de Cultura en 2018. Además, se le atribuye una denuncia por supuesta discriminación, actualmente en manos de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, según detalló CanalN.
Informes de la Contraloría General de la República advierten que la ministra habría cometido irresponsabilidades funcionales y supuestos actos de corrupción cuando dirigía la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGPA). Estas acusaciones están relacionadas con la adquisición de hitos de concreto para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos.
Según la Fiscalía, Urteaga y otros cinco funcionarios, entre ellos Luis Enrique Espinoza Gálvez, excoordinador de Administración de la DGPA, presuntamente formaron una red para defraudar al Estado, sobrevalorando los hitos e involucrando a José Suárez, un anciano de escasos recursos, como falso proveedor. La supuesta ferretería que se le atribuye habría recibido 200,000 soles.
La esposa de Suárez denunció que, tras esto, perdieron beneficios sociales esenciales por su vulnerabilidad económica y la discapacidad de su hijo. Señala también que el funcionario Espinoza lo habría manipulado para firmar documentos y gestionar elementos como su RUC y tarjeta bancaria, utilizados para operar los pagos.
Esos son los hechos relacionados con la investigación por negociación incompatible. Fiscalía precisa que Urteaga habría intervenido de manera irregular en la contratación para la adquisición de 1.500 hitos de concreto por un monto de S/27.075 (aproximadamente 7.000 dólares estadounidenses).
Asimismo, se señala una segunda compra de hitos de concreto por S/14.250 (alrededor de 3.700 dólares), destinados a la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos en Lima Metropolitana. Según el documento fiscal citado por Canal N, estas adquisiciones habrían sido realizadas sin contar con la aprobación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, lo que podría haber generado una sobrevaloración en los costos y, en consecuencia, un perjuicio económico para el Estado.
Sobre denuncia por discriminación: “no he sido notificada”
La actual ministra del Midis ha declarado que no ha recibido notificación alguna sobre el inicio de este proceso por la denuncia por presunta discriminación presentada por la Asociación Falun Dafa, dedicada a la promoción de una disciplina espiritual de origen chino a través de la práctica de ejercicios de meditación y enseñanzas filosóficas con el objetivo de mejorar la salud física, mental y espiritual de los practicantes.
Las actividades de Falun Dafa en el Perú suelen incluir talleres gratuitos, sesiones de meditación en espacios abiertos y eventos culturales. Además, la agrupación busca concienciar sobre la persecución y violaciones a los derechos humanos que enfrentan sus practicantes en China desde 1999.
Este caso, que se encuentra en etapa de investigación, ha sido asignado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, según detalló Canal N. Sin embargo, Urteaga
Omisiones en declaración jurada
Leslie Urteaga envió un mensaje escrito al programa “Ocurre Ahora” de ATV, en el que afirmó haber incluido en su declaración jurada la información correspondiente a la carpeta fiscal 243-2021, relacionada con la investigación por presunta negociación incompatible. Respecto a la denuncia por discriminación, la ministra aseguró que no ha sido notificada oficialmente sobre el inicio de ninguna investigación en su contra.
Por otro lado, ATV detalló que Urteaga también fue denunciada en julio de 2024 por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el premierato de Gustavo Adrianzén, por presuntamente haber omitido información en su declaración jurada cuando ejercía como ministra de Cultura. Sin embargo, la funcionaria señaló que este caso fue archivado por el Ministerio Público el 1 de octubre de 2024, lo que, según ella, demuestra que no incurrió en irregularidades en ese momento.
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