Este es el segundo país, después de Cuba, con el 93% de las habilitaciones urbanas provenientes del tráfico ilegal de tierras, según ASEI

El tráfico ilegal de tierras es un fenómeno global que involucra la apropiación ilícita de terrenos a través de prácticas como la falsificación de documentos, la coerción, el fraude y la corrupción. Este delito afecta a diversas regiones del mundo, especialmente en América Latina, donde países como Perú y Brasil se han destacado como puntos críticos.

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), reveló que más del 90% de las habitacionales urbanas en la economía inmobiliaria de un país específico provienen del tráfico ilegal de tierras, colocándose solo después de Cuba en esta problemática.

Según la especialista en el tema, Perú se ubica como el segundo país, después de Cuba, con el 93% de las habitacionales urbanas de la economía inmobiliaria provenientes del tráfico ilegal de tierras. Solo el 7% de las viviendas en el país son de carácter formal.

Este fenómeno se debe, en parte, a las crecientes necesidades de la población que no tiene acceso a viviendas formales de primera mano. Sin embargo, la especialista señala que es responsabilidad del Estado crear las condiciones necesarias para que las familias puedan acceder a viviendas legales y seguras.

La falta de políticas efectivas de regularización territorial y de un mercado inmobiliario inclusivo ha llevado a muchas familias a recurrir al mercado informal, donde el tráfico de tierras es una de las principales fuentes de producción de viviendas.

La brecha habitacional en Perú es considerable y continúa siendo uno de los mayores desafíos del país, según Gálvez. La especialista destacó que alrededor de 1 millón 900 mil familias enfrentan problemas de vivienda, de las cuales 600 mil no cuentan con una casa propia.

La situación es aún más compleja cuando se considera el crecimiento vegetativo de la población, que cada año suma 140 mil familias nuevas con necesidades de vivienda. De este modo, el total de familias que requieren una vivienda nueva alcanza las 200 mil cada año. Sin embargo, la producción anual de viviendas es de solo 40 mil, muy por debajo de lo necesario para cubrir la demanda.

Para cerrar esta brecha en los próximos diez años, Gálvez enfatizó la urgencia de producir 60 mil viviendas al año. Además, destacó que para que este objetivo se logre, es fundamental contar con una política habitacional estable que brinde previsibilidad en los subsidios y financiamiento. A modo de comparación, mencionó el ejemplo de Colombia, que con un presupuesto aprobado hasta 2034, logra producir 225 mil viviendas anuales, lo que demuestra la importancia de contar con una estrategia a largo plazo.

Ana Cecilia Gálvez subrayó el impacto positivo que la vivienda formal tiene en la economía del país. Según la especialista, cada sol invertido en subsidios para vivienda genera un retorno 21 veces mayor a la economía, a través de impuestos, la demanda de servicios y la producción de bienes colaterales. Este dato resalta la importancia de un desarrollo inmobiliario planificado y formal.

Además, explicó que la vivienda no solo impacta en el ámbito económico, sino también en áreas fundamentales como la salud y la educación. Un proyecto inmobiliario formal ofrece a las familias acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet, lo que mejora las condiciones de vida de los habitantes y abre nuevas oportunidades para su desarrollo.

En contraste, una invasión de terrenos no garantiza estas condiciones mínimas, lo que limita el acceso a servicios básicos y, por ende, afecta el bienestar de las familias. “Las condiciones tan disímiles que le ofreces a un niño que crece en una zona que se ha iniciado como una invasión. Son otras oportunidades para las familias”, afirmó.