En la comunidad de Locuto, ubicada en el distrito de Tambogrande, región Piura, se han iniciado reuniones informativas sobre el proyecto hídrico-minero El Algarrobo, adjudicado a la Compañía de Minas Buenaventura por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Según informó ProInversión, esta iniciativa contempla una inversión de US$2.753 millones y tiene como objetivo principal garantizar el acceso al agua en la zona antes de iniciar cualquier actividad minera.
El proyecto polimetálico de cobre, zinc y plata, que se desarrollará en varias etapas, promete ser un motor de desarrollo para la región, al tiempo que busca generar consenso social en una comunidad históricamente afectada por la falta de recursos básicos. Para hacer un comparativo, el proyecto Tía María (Arequipa) de Southern Cooper tiene una inversión estimada de US$1.400 millones.
Las reuniones informativas realizadas los días 30 y 31 de noviembre en Locuto y Piura contaron con la participación de representantes de Buenaventura, quienes explicaron los alcances del proyecto. En esta primera fase, se priorizará el diseño de soluciones hídricas que permitan abastecer de agua a la población y fomentar actividades como la agricultura y la ganadería. Según detalló Carlos Claux, gerente de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de la minera, los estudios técnicos iniciales se desarrollarán durante los próximos tres años, y solo si se logra un acuerdo social se procederá con la exploración minera.
Un proyecto con antecedentes históricos en Tambogrande
El Algarrobo forma parte de lo que alguna vez fue el proyecto minero de Tambogrande, impulsado a inicios del siglo XXI por la empresa canadiense Manhattan Minerals. En 2002, esta localidad fue escenario de la primera consulta ciudadana sobre un proyecto minero en América Latina, en la que la población rechazó mayoritariamente la iniciativa. Como resultado, el proyecto fue paralizado en 2003.
A diferencia de aquella propuesta, que pretendía explotar la zona conocida como TG-1, ubicada directamente bajo el poblado de Tambogrande, El Algarrobo se enfocará en los yacimientos localizados al sur, como el TG-3, excluyendo el área previamente observada.
Buenaventura, que fue el único postor ante ProInversión, ha planteado un enfoque diferente al de Manhattan Minerals. La estrategia actual prioriza el desarrollo de infraestructura hidráulica para atender las necesidades de la población antes de avanzar con las actividades mineras. Este enfoque busca generar confianza y consenso social, elementos clave para la viabilidad del proyecto.
Expectativas y preocupaciones de la comunidad
Durante las reuniones informativas, los pobladores de Locuto expresaron tanto su interés como sus inquietudes respecto al impacto del proyecto. Donatilo Nima Córdova, ex presidente de la comunidad, destacó la importancia de contar con agua para desarrollar la agricultura en los 22 caseríos de la margen izquierda del río Piura.
Según comentó, la falta de acceso al agua ha limitado históricamente el progreso de la región. “Nos ofrecieron agua, nos ofrecieron colegios, pero no tenemos absolutamente nada. Ahora queremos conocer cuál es el desarrollo que trae la empresa para la comunidad”, señaló.
Por su parte, Segundo Faustino Crisanto, otro residente de Locuto, valoró las reuniones como una oportunidad para que la población comprenda mejor la propuesta de Buenaventura. En tanto, Héctor Nima Nima, teniente gobernador del centro poblado La Greda Nueva, consideró que el proyecto podría representar un cambio positivo para la comunidad, siempre y cuando se cumpla con garantizar el acceso al agua.
“Nosotros no desarrollamos agricultura por falta de agua, pero gran parte de la población sabe cómo hacerla porque ya trabaja en empresas agroexportadoras”, afirmó.
Otros pobladores, como María Eugenia Raimundo, subrayaron la urgencia de contar con agua para mejorar la calidad de vida. Actualmente, muchas familias deben comprar este recurso a un alto costo, lo que limita su capacidad económica. Asimismo, José Córdova Huertas, comunero y ganadero, destacó que sin agua no es posible garantizar la sostenibilidad de la ganadería, una actividad clave para la economía local.
Sin embargo, también hubo llamados a la cautela. José Adán, secretario de la Asociación de Productores Agropecuarios Vega de la Ardilla, enfatizó la necesidad de que el proyecto se ejecute dentro del marco legal y que los beneficios prometidos se traduzcan en mejoras concretas para la población. “Todo proyecto debe generar mejoras en la calidad de vida de la comunidad donde se desarrolla”, expresó.
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