Indígenas aislados en riesgo: Viceministra de Agricultura rechaza ampliar reserva natural en la Amazonía peruana

La Reserva Territorial Madre de Dios, un espacio destinado a proteger a los Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), está en peligro. En una sesión celebrada el 11 de diciembre de 2024, la viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura (Midagri), Carmen Inés Vegas Guerrero, se posicionó a favor de mantener vigentes las 14 concesiones forestales ubicadas en la zona, a pesar de la evidencia que respalda la presencia de indígenas aislados en el área. La sesión, cuya acta fue revisada por el medio OjoPúblico, marcó un retroceso en la protección de los derechos de los PIACI, y evidenció que los intereses económicos se anteponen a la necesidad de salvaguardar los pueblos originarios en la región más degradada de la Amazonía peruana.

En el territorio actual de la reserva y en su ampliación proyectada, residen los Mashco Piro, uno de los pueblos en aislamiento más reconocidos en la Amazonía peruana. Esta comunidad se caracteriza por su firme decisión de mantenerse apartado del contacto con la sociedad moderna, lo que los hace especialmente vulnerables frente a las incursiones y actividades extractivas en su territorio ancestral. Desde 2016 hasta 2024, el Ministerio de Cultura ha registrado 81 evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento en y alrededor de la zona de ampliación de la reserva. Entre estas evidencias se incluyen avistamientos, hallazgos y encuentros violentos.

La problemática se agrava con las actividades extractivas que generan el ingreso de trabajadores y foráneos al territorio, incrementando el riesgo de conflictos y la exposición de los PIACI a enfermedades y otros peligros. En este contexto, el argumento de la viceministra — quien, según el acta de la reunión, afirmó que “sin las concesiones forestales existirían más muertos”— se contrapone a las advertencias de representantes de Salud y Educación, que subrayan la vulnerabilidad de los indígenas aislados ante la expansión de la deforestación.

La zona de ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios concentra 14 concesiones forestales, de las cuales 8 se mantienen vigentes, y que han sido otorgadas en diferentes períodos (2002-2003 y 2018). Entre los titulares de estas concesiones se encuentran importantes empresas del sector, lo que ha generado inquietud entre representantes de diversas áreas gubernamentales y comunidades indígenas.

La presencia de estas actividades extractivas ha sido asociada con un incremento en el número de encuentros violentos. Por ejemplo, en agosto de 2024 se documentaron enfrentamientos entre taladores ilegales e indígenas aislados, con resultados trágicos. Autoridades de los ministerios de Salud y Educación han señalado que la llegada de nuevos trabajadores al territorio incrementa la posibilidad de contagios y conflictos, evidenciando una doble amenaza: por un lado, la potencial pérdida de vidas humanas y, por otro, el riesgo de afectar la salud y la integridad de comunidades altamente vulnerables.

Además, la sesión de la Comisión Multisectorial reveló las discrepancias entre diferentes sectores del Estado. Mientras algunos funcionarios, incluidos alcaldes de la región como Rubén Darío Copa Alarcón, abogan por la eliminación de las concesiones para fortalecer la protección de los pueblos en aislamiento, otros, como el Midagri, sostienen que dichas concesiones podrían funcionar como un elemento disuasorio frente a enfrentamientos violentos.

La situación en Madre de Dios se enmarca dentro de una problemática más amplia que afecta a otras reservas indígenas en el país, como es el caso de Yavarí Mirim en Loreto. Esta reserva, ubicada en una región estratégica en la frontera con Brasil, enfrenta un prolongado proceso burocrático que ha retrasado su categorización durante más de 20 años. Los estudios realizados, que incluyen métodos indirectos para evitar el contacto con las comunidades, como imágenes aéreas, mapeos satelitales y testimonios de comuneros locales, han documentado la presencia de indígenas en aislamiento en la zona. Sin embargo, las demoras administrativas y la oposición de varios sectores del Estado peruano han paralizado las acciones necesarias para garantizar su protección.

Según organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), este podría llevar a nuevas invasiones y concesiones ilegales en la zona, arriesgando así la integridad de los pueblos indígenas en aislamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido en este contexto y ha remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que demanda una respuesta urgente para asegurar que se concluyan los procesos de recategorización y se eliminen las concesiones que afectan los territorios de los PIACI.