‘Okupas peruanos’ en España: 120 compatriotas invaden 28 departamentos de Madrid y se niegan a salir amparados en ley española

Según un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, la ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en un problema creciente. En el distrito de Carabanchel, en Madrid, un grupo de 120 peruanos, entre adultos y niños, invadió 28 departamentos de un condominio de lujo. Alegan haber sido estafados, pero las investigaciones apuntan a que actuaron en complicidad con una mafia que se dedica a la ocupación de propiedades privadas.

El fenómeno de los “okupas” ha proliferado en varias ciudades españolas, y la legislación vigente dificulta los desalojos inmediatos. De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, solo en 2023 se registraron 15,289 ocupaciones de inmuebles. El proceso judicial para retirar a los ocupantes puede demorar hasta 24 meses, y si estos alegan vulnerabilidad, el trámite se complica aún más. Además, la ley prohíbe cortarles el suministro de agua y luz.

La inmobiliaria Vivenio, propietaria del condominio, intentó recuperar los departamentos contratando a dos empresas especializadas en desalojos. La primera recurrió a la fuerza, sin éxito. La segunda, Servi-Okupa, ha optado por la negociación, ya que los ocupantes piden entre 10,000 y 15,000 euros para abandonar los inmuebles.

Las investigaciones han identificado a un presunto cabecilla de la banda, conocido como ‘Ronaldinho’, quien, según la inmobiliaria, aparece en redes sociales posando con un rifle de asalto.

El periodista español Cake Minuesa, quien ha seguido casos similares en Barcelona, Navarra y Valencia, señala que estas ocupaciones no son espontáneas. “He visto historias también en Barcelona, Navarra, Valencia… este fenómeno cada vez es más grande”, declaró en el reportaje de Hildebrandt en sus trece.

Según las primeras indagaciones de la policía española, los departamentos habrían sido ofrecidos a los “okupas” en un comedor social de Madrid, donde se les garantizaba un lugar para vivir con contratos falsificados. El boca a boca habría sido clave para que la ocupación se realizara de manera coordinada.

Desde la llegada de los peruanos okupas, los residentes han denunciado un ambiente de hostigamiento y violencia. Diego (33), un peruano que migró a España hace seis años y que se mudó al condominio en diciembre, relató su experiencia:

“El 30 de diciembre pedí a uno de los peruanos que bajara el volumen porque al día siguiente tenía que trabajar. Me respondieron con insultos y me dijeron que estaban en su casa, que hicieran lo que quisieran. Desde ese día, cada vez que salgo, hay alguien en la puerta mirándome fijamente”.

Otro vecino, José María (38), señaló que los problemas comenzaron inmediatamente después de la ocupación: “Lo primero que hicieron fue tapar las cámaras de seguridad. Luego comenzaron las fiestas con música a todo volumen hasta la madrugada. Se han peleado entre ellos en los pasillos y han dejado manchas de sangre en las áreas comunes”.

Los residentes sospechan que hubo complicidad interna, ya que los ocupantes ingresaron con llaves en mano. “Nos pareció sospechoso que en noviembre cambiaran al conserje y luego del escándalo ese hombre desapareció”, explicó José María.

El 6 de diciembre, los vecinos notaron algo inusual: un constante desfile de camiones de mudanza en el condominio. Jorge (36), otro inquilino, se sorprendió por la rapidez de la ocupación:

“Estos departamentos fueron estrenados en agosto y hasta entonces solo había unas 40 viviendas ocupadas de un total de 170. Apenas se veían 8 o 9 mudanzas al mes, pero lo que pasó ese fin de semana fue abrumador”.

Lo que más ha llamado la atención es que muchos de los ocupantes no parecen estar en situación de necesidad extrema. “Tú los ves bien vestidos, metiendo televisores de 60 pulgadas. Tienen un conserje distinto al nuestro, al que llaman por teléfono para que les abra la puerta del condominio porque no tienen llaves de afuera”, comentó Jorge.

Algunos okupas han intentado justificarse asegurando que fueron víctimas de un engaño. Según los testimonios recogidos por Hildebrandt en sus trece, varios dijeron haber pagado entre 1,500 y 2,000 euros como cuota inicial por los departamentos, bajo la promesa de un alquiler seguro. Sin embargo, cuando se les pidió pruebas, ninguno pudo presentar un contrato.

Una mujer que se identificó como María Salguero Villa, de 32 años, afirmó haber conseguido el departamento a través de Facebook. Sin embargo, las investigaciones revelaron que su identidad era falsa: María Salguero tiene 56 años y no ha salido de Perú en 13 años.

El caso de Carabanchel no es el único. En agosto de 2023, un grupo de familias –algunas peruanas– invadió 12 departamentos en el barrio El Cañaveral, en Madrid. La problemática ha generado indignación en la comunidad migrante legal.

“Dan vergüenza como peruanos. Es inconcebible que alguien venga a dársela de pobre y luego quiera sacarle 15,000 euros a una empresa”, expresó Diego, uno de los inquilinos afectados.

El problema se agrava porque las autoridades tienen pocas herramientas legales para actuar con rapidez. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, explicó:

“Aquí la ley dice que cuando ocupas una vivienda, la policía no te puede echar si ya has instalado tus cosas. Entonces tiene que abrirse un proceso judicial que tarda 24 meses. Y si el ‘okupa’ dice ser vulnerable, el proceso es más engorroso”.

Para el periodista Cake Minuesa, esta situación se debe a una política que, aunque en un inicio buscó proteger a personas en riesgo de desahucio, ha permitido abusos. “El gobierno se ha dedicado a luchar contra los desahucios, lo que ha abierto las puertas al caradura, al criminal. Hecha la ley, hecha la trampa”, afirmó.

Mientras tanto, los vecinos del condominio de Carabanchel continúan lidiando con la incertidumbre y la violencia dentro de su propio hogar.

En 2023, se realizaron modificaciones en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, con el fin de mejorar la regulación del procedimiento de desahucio, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, estas reformas han generado críticas de varios políticos en España, quienes consideran que, en algunos casos, se otorgan más derechos a los okupantes sobre una propiedad que a los propios propietarios.

Dicha ley de vivienda establece que en todos los desahucios debe especificarse “el día y la hora exacta” del lanzamiento. Además, para que los propietarios puedan iniciar el desalojo, deben cumplir dos requisitos: acreditar si el inmueble es la vivienda habitual del okupa y si el propietario es un gran tenedor (poseedor de 10 o más inmuebles residenciales).

El catedrático de Derecho Civil, Sergio Nasarre, dijo en el medio Newtral de España que considera “muy extraño” que sea el propietario quien deba certificar si la vivienda okupada es la residencia habitual del okupa. Propone el padrón como opción para verificarlo, aunque considera que es un trámite complicado de obtener.

“El objetivo de la ley de vivienda respecto a la ocupación es dilatar los procesos de desalojo ante  la incapacidad del Estado de cumplir con el artículo 47 de la Constitución [el que reconoce el derecho a una vivienda digna]”, consideró Nasarre.

Cabe mencionar que, a partir de abril de 2025, entrará en vigor una reforma que agiliza los desahucios por ocupación ilegal de viviendas. Introducida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como enmienda a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la reforma modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda en los juicios rápidos, acelerando así los desalojos.

La medida no busca criminalizar a familias vulnerables, sino abordar casos de ocupación con “intención delictiva”. La reforma ha generado polémica, con partidos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar y Podemos en contra, mientras que el PNV defiende la propuesta como una protección para los propietarios. La nueva normativa se aplicará a partir del 3 de abril de 2025, aunque Podemos ya ha prometido intentar derogarla.