Jefe de Gabinete de la Defensoría estuvo prófugo por tráfico de migrantes, pero fallo de César Hinostroza levantó su orden de captura

Siguen los cuestionamientos contra Juan José Canales Durand, jefe de Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo, quien está bajo una investigación interna debido a su presunta vinculación con un caso de tráfico ilícito de menores ocurrido en 2013. De acuerdo a lo revelado por la Unidad de Investigación de Canal N, la mano derecha de del defensor Josué Gutierrez estaría involucrado en esta acusación desde su tiempo como funcionario de Migraciones, cargo del que fue destituido hace una década.

En aquel entonces, fue acusado de colaborar con dos mujeres extranjeras en un intento de sacar ilegalmente a dos menores de edad del país, utilizando documentos falsificados. Canales Durand además de ser destituido, se le inhabilitó para ocupar cargos públicos durante cinco años.

Los testimonios de la investigación judicial lo apuntaban directamente como parte clave en el esquema de tráfico ilícito de menores. Según los documentos a los que tuvo acceso el medio, una de las acusadas, Yolanda Vera Barzallo, señaló a Canales como la persona que le entregó pasaportes falsificados con las fotografías de los menores. Además, afirmó que le pagó 3.000 dólares por este servicio y que él aseguró que todo estaba arreglado para pasar los controles en el aeropuerto.

En el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde las extranjeras Gisella Balladares, Yolanda Vera Barzallo y Karina Morales Gómez, fueron intervenidas mientras intentaban abordar un vuelo hacia Estados Unidos con los menores. Según los declarantes, consignados en la resolución judicial, Vera Barzallo habría entregado previamente los pasaportes y las fotografías de los menores a Canales, quien se encargó de insertar las imágenes en los documentos ecuatorianos.

A pesar de las acusaciones y de que inicialmente se dictó una orden de detención preventiva contra Canales, la Segunda Sala Penal de la Corte Judicial del Callao decidió levantar las órdenes de ubicación y captura en su contra meses después. En su lugar, se le impuso un mandato de comparecencia restringida. Esta decisión fue tomada por los magistrados César Hinostroza Pariachi, Víctor León Montenegro y Miguel Fernández Torres, quienes posteriormente enfrentaron sus propios escándalos judiciales.

Hinostroza y León Montenegro fueron vinculados a la red criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, mientras que Fernández Torres fue destituido en 2020 por absolver a un presunto narcotraficante. Estas conexiones han generado dudas sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales que beneficiaron a Canales en su momento.

Consultado sobre las acusaciones, Juan José Canales Durand aseguró que los señalamientos en su contra carecían de pruebas y que, por ello, el caso fue archivado. Además, afirmó haber puesto su cargo a disposición del Defensor del Pueblo, indicando que estaría dispuesto a retirarse de la función pública si fuera necesario.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció una investigación interna para esclarecer los hechos relacionados con su jefe de Gabinete. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado resultados ni avances concretos en dicha indagación.

De otro lado, una investigación reveló que una propiedad en Jesús María, adquirida en 2016 por Juan José Canales Durand, actual jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo, fue financiada presuntamente por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. Según el programa Cuarto Poder, la vivienda, valorada en 1.2 millones de dólares, estaría bajo titularidad de Acuña mediante un acuerdo notarial de 2018 en el que Canales y su esposa reconocieron que el dinero utilizado provenía del político.

Canales confirmó que la adquisición fue realizada bajo un “contrato de mandato sin representación”, actuando en nombre de Acuña, pero sin registrarlo oficialmente como propietario. El reportaje señala que, tras la compra, Canales obtuvo contratos públicos en La Libertad por más de 240,000 soles, generando cuestionamientos sobre posibles beneficios derivados de su relación con Acuña.

Canales también enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos y vínculos con una banda criminal, lo que incrementa las dudas sobre esta transacción. El caso ha puesto en debate la idoneidad de los funcionarios públicos y la transparencia en las relaciones político-financieras, además de exponer el uso de figuras legales como los contratos de mandato para ocultar la titularidad de bienes.