La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) impuso una multa de S/87.217,38 a la Academia de la Magistratura (AMAG), institución oficial del Estado peruano y adscrita al Poder Judicial, por haber prestado servicios educativos universitarios sin la debida autorización. Esta sanción fue confirmada luego de que Sunedu declarara infundado el recurso de reconsideración presentado por la AMAG, mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0002-2025-SUNEDU/CD.
El caso surgió a raíz de un Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado en junio de 2024, cuando la Sunedu detectó que la AMAG colaboró activamente en un programa de maestría denominado “Máster propio magistratura contemporánea: la justicia en el siglo XXI”, realizado en convenio con la Universidad de Jaén, España entre los años 2019 y 2020. Este programa fue ofrecido y ejecutado sin cumplir con los permisos establecidos en la Ley Universitaria, lo que derivó en la fuerte sanción económica.
Programa no autorizado con universidad extranjera
Según la Sunedu, la AMAG tuvo una participación directa en la organización y ejecución del mencionado programa de maestría, a pesar de que la institución alegó que la responsabilidad recaía exclusivamente en la universidad española. Sin embargo, la entidad fiscalizadora determinó que la AMAG realizó acciones que constituyen prestación del servicio educativo superior, como la convocatoria, matrícula, difusión, cronogramas y uso de infraestructura para las clases.
“Estas acciones son consideradas como prestación del servicio educativo superior universitario, lo cual requiere autorización previa conforme a la Ley Universitaria”, señala la resolución.
El programa, que se llevó a cabo entre 2019 y 2020, fue ejecutado sin contar con la autorización necesaria de la Sunedu, lo que constituye una infracción a la normativa peruana vigente. Además, la AMAG argumentó que el proceso sancionador estaba prescrito; no obstante, la Sunedu concluyó que los plazos legales aún estaban vigentes al momento de iniciar el procedimiento en 2024.
Esta sanción contra la AMAG se suma a otras medidas adoptadas en el pasado contra instituciones que infringieron la Ley Universitaria. Por ejemplo, en 2019, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega fue multada con S/1,2 millones por otorgar títulos profesionales a bachilleres de otras universidades, una práctica también prohibida por la normativa. Con este caso, la Sunedu recordó que incluso las entidades del Estado deben respetar las regulaciones que garantizan un servicio educativo de calidad en el Perú.
¿Qué es la Academia de la Magistratura (AMAG)?
La Academia de la Magistratura (AMAG) es una institución oficial del Estado peruano, creada en 1995 con el propósito de desarrollar un sistema integral y continuo de capacitación, actualización, perfeccionamiento, certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Su labor busca fortalecer la formación ética y jurídica de jueces y fiscales, fomentando además una reflexión permanente sobre su rol en la administración de justicia en el país. La AMAG también extiende sus programas de formación a los auxiliares de justicia, contribuyendo a la profesionalización integral del sistema judicial peruano.
Esta institución cuenta con autonomía administrativa, académica y económica, y está adscrita al Poder Judicial. Su marco legal se basa en la Ley Orgánica N.° 26335, que garantiza su independencia en la gestión y ejecución de sus actividades. A lo largo de su historia, la AMAG ha sido clave en la modernización del sistema judicial peruano, aunque casos recientes, como la sanción impuesta por Sunedu, han generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y normativas.
En la resolución, la Sunedu subrayó la importancia de que todas las instituciones que ofrecen servicios educativos superiores en el país, incluso las del Estado, cumplan con las normativas vigentes. Este tipo de supervisión busca garantizar la calidad educativa y proteger a los estudiantes de programas no autorizados o deficientes. “La supervisión y fiscalización de estas actividades son esenciales para proteger a los estudiantes y promover la calidad educativa”, recalca el comunicado de la entidad.
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