La minería ilegal en Perú ha dejado de ser una actividad clandestina para convertirse en un negocio con estructura, financiamiento y control territorial. Su impacto se siente con fuerza en el norte del país, donde la expansión de estas redes traduce en una escalada de violencia que enfrenta a comunidades, autoridades y organizaciones criminales.
El analista político Iván Arenas señala que los atentados vinculados a la minería ilegal deben considerarse actos de terrorismo. “Son actos de desestabilización que operarían incluso dentro del sistema judicial”, declaró en un reciente análisis para Radio Nacional. La infiltración de estos grupos en las instituciones y su capacidad para eludir sanciones evidencian la magnitud del problema.
Desde La Libertad hasta Puno, los informes de inteligencia identificaron nexos entre estas estructuras y redes de narcotráfico. Estos corredores no solo permiten el transporte de oro ilegal, sino que también facilitan el movimiento de sustancias ilícitas. “Es un problema que refleja la capacidad limitada del Estado para intervenir de manera efectiva”, señaló.
Según informó el experto, el 85 % de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal en el país está conformado por ciudadanos peruanos. Aunque el crimen organizado mantiene conexiones con redes internacionales de tráfico de oro, armas y drogas, las organizaciones que dominan esta actividad tienen origen y operación local, como el Tren de Aragua, mencionó el experto.
El Estado ha implementado medidas como estados de emergencia en diversas regiones afectadas por la minería ilegal y la violencia que esta genera. Sin embargo, la efectividad de estas disposiciones es cuestionada. “No han funcionado, lamentablemente. Sigue llegando la presencia de extranjeros tanto de Venezuela, Ecuador y ahora forman parte de bandas organizadas en toda esta zona”, se mencionó en el mismo espacio radial.
Un corredor económico ilegal en expansión
El problema de la minería ilegal no se limita a puntos específicos. Se ha desarrollado una red extensa que conecta distintas provincias y regiones. Desde la sierra de La Libertad hasta Cajabamba, el corredor de actividad ilícita incluye tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando de insumos químicos.
“El crecimiento del precio de la onza de oro impulsa una nueva ola de criminalidad en toda La Libertad. No solamente ahí, sino también en regiones como Arequipa, Puno y Cusco”, se indicó. El valor del oro ha convertido esta actividad en una fuente de financiamiento clave para diversas organizaciones delictivas, que han extendido su influencia más allá de los territorios mineros.
La dificultad para regular la minería en el país se agrava por la falta de recursos de las instituciones encargadas del control. “Un estudio señala que para formalizar a todos los mineros informales en La Libertad se necesitarían aproximadamente 26 años”, indicaron expertos en el tema. Este dato refleja la magnitud del problema y el desafío que enfrenta el Estado.
La presencia del crimen organizado en la política
El poder de estas organizaciones no se limita al ámbito económico. En los últimos procesos electorales, diversos candidatos han recibido apoyo de sectores vinculados a la minería ilegal. La falta de regulación y el débil control sobre los financiamientos de campaña han permitido que esta actividad tenga presencia en instancias de decisión política. “No se trata solo de gobiernos locales, sino de una influencia que alcanza niveles regionales y nacionales”, alertan especialistas.
Además, advirtió que existen propuestas que favorecen la minería informal en lugar de establecer controles más estrictos. “No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que hay representación del sector en distintas instancias políticas”, señalaron.
Las medidas tomadas hasta ahora han demostrado ser insuficientes. Mientras la demanda internacional de oro siga en aumento y las estructuras de control del Estado permanezcan débiles, la minería ilegal continuará siendo una fuente de ingresos para organizaciones criminales. La lucha contra esta actividad no solo depende de operativos y decomisos, sino de una estrategia de largo plazo que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto.
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