Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Lucinda Vásquez: congresista es implicada en filtración y venta de examen docente

Nueva denuncia contra un integrante del Congreso de la República. El Ministerio Público anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial, implicada en un caso de corrupción relacionado con la filtración y venta de un examen docente. Las indagaciones se centran en la posible comisión del delito de corrupción de funcionarios bajo la modalidad de tráfico de influencias, en perjuicio del Estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el caso está vinculado a la Prueba Única Nacional, utilizada como examen para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial, la cual fue aplicada el 13 de noviembre de 2021. Entre agosto y noviembre de 2021, la legisladora habría utilizado su posición para intervenir y favorecer a docentes en la región de San Martín.

“Los hechos están referidos a que la mencionada congresista, teniendo influencias reales en el Ministerio de la Educación, habría ofrecido a diversos postulantes al Concurso Público Nacional de Acceso a la Carrera Pública Magisterial - 2021, interceder ante los funcionarios de dicho ministerio, quienes venían conociendo el proceso de admisión, para acceder indebidamente a la Prueba Única Nacional del referido concurso, a través de Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación Carlos Alfonso Gallardo Gómez”, menciona el comunicado.

Como se recuerda, el Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial es una oportunidad dirigida a todas las personas con título de profesor o de licenciado en educación que aspiran a desarrollar la función docente en alguna de las Instituciones Educativas de Educación Básica del sector público. Esta convocatoria determinaba el ingreso a la Carrera Pública Magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente del 2022 – 2023.

Las pesquisas apuntan que, tras recibir el examen, la congresista habría entregado el documento a terceros, quienes lo habrían comercializado en distintas provincias de la región San Martín. El precio de venta del examen habría alcanzado los 3.000 soles por copia. Además, se presume que el dinero recaudado por esta operación habría sido entregado a Vásquez Vela, aunque los fines aún no han sido esclarecidos.

La investigación incluye a otros implicados, entre ellos los docentes Héctor Llamacpomcac Ravelo, Olga Carmela Chávez Muñoz, María Angelina Tapia Leyva y Jorge Fasa, quienes también estarían vinculados a la presunta filtración y comercialización del examen.

Según reveló Epicentro TV, la difusión del examen se dio el mismo día a través de WhatsApp y no se habría limitado a una región, pues también se filtró a docentes de Apurímac, Puno y Lima Metropolitana. Una educadora que rindió el examen en la capital mencionó que recibió la información a la 1.59 a. m. del día señalado. Aclaró que a la salida de la prueba cotejó las respuestas que dio, las cuales escribió en su mano, con el contenido recibido por la aplicación de mensajería, y se dio cuenta de la coincidencia en varias de ellas. Otro de los maestros que rindió el examen informó que en su caso particular recibió las preguntas y respuestas en formato PDF a las 5.57 a. m. del mismo día.

Lucio Castro Chipana, secretario general de Sutep, indicó a al medio en mención que “muchos docentes del país nos han estado expresando su preocupación ante la filtración de la prueba”, y exigieron la renuncia del entonces titular del Ministerio de Educación, Carlos Gallardo.

El mismo día en el que se destapó el escándalo, el Ministerio de Educación se pronunció en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Twitter, en el cual señaló que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque se pedía la salida de Gallardo, no se dio hasta un mes después, provocada por la censura del Congreso de la República.

Posteriormente, al confirmarse la filtración anticipada de preguntas y respuestas, se aprobó una ley que declara la nulidad de la Prueba Única Nacional (PUN) del concurso de nombramiento docente 2021.