La presidenta Dina Boluarte acudió al Ministerio Público para rendir su manifestación por el caso Cofre, investigación que busca determinar un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Inicialmente, la citación estaba programada para el 15 de enero; sin embargo, a solicitud de la mandataria, la diligencia fue reprogramada para este miércoles 29.
Minutos antes de las 8:00 a.m., y bajo un fuerte resguardo policial, el vehículo oficial ingresó rápidamente a la sede de la Fiscalía. A diferencia de otras ocasiones, la movilización de la comitiva presidencial fue tan ágil que no se cerró la calle por donde transitó el automóvil.
Los medios de comunicación que acudieron a cubrir la llegada de la mandataria observaron que, tras su ingreso a la sede de la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú restringió el tránsito y el acceso en los alrededores. Según informó Canal N, solo se permitía el ingreso de personas que acreditaran ser trabajadores del Ministerio Público o de los negocios cercanos.
Si bien este tipo de despliegue de seguridad es habitual durante los traslados de la presidenta, los periodistas denunciaron que se les impidió el acceso, lo que dificultó la cobertura del evento. A pesar de identificarse como prensa acreditada y de insistir en que solo cumplían con su labor, los efectivos policiales no les permitieron el paso ni les proporcionaron el nombre del oficial a cargo para gestionar los permisos correspondientes.
La medida es contraria a lo establecido en la Constitución, que protege la libertad de tránsito. Hay que recordar que solo se restringe el acceso a la prensa cuando esté en riesgo la seguridad nacional, algo que no ocurre con una citación de la presidenta al Ministerio Público. Los reporteros tuvieron que rodear la calle para ingresar por el Jr. Puno.
Diligencia exprés
Pocos minutos antes de las 9:00 de la mañana, el vehículo de la presidenta Dina Boluarte se retiró de la sede del Ministerio Público. A diferencia de ocasiones anteriores, esta declaración ante la fiscal de la Nación habría durado menos de una hora. Como es habitual, la mandataria salió acompañada de su comitiva de seguridad y se retiró sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Juan Carlos Portugal, su abogado, brindó más detalles a la prensa sobre esta diligencia, como suele hacer al término de este tipo de procedimientos. El letrado indicó que, a diferencia de las otras cinco citaciones, su clienta se “abstuvo parcialmente y temporalmente a su derecho de guardar silencio”, ya que consideran que la investigación está fuera de plazo.
El argumento de la defensa de Dina Boluarte es que el Ministerio Público debió citarla hasta el 23 de diciembre, sin embargo, no lo hicieron, por lo que esta declaración es “extemporánea” y están a la espera que la Corte Suprema resuelva el recurso de control del plazo que presentó.
“Hemos señalado, expresamente, que la presidenta, en tanto la decisión de la Corte Suprema, nosotros mismos solicitaremos el uso de la palabra”, declaró.
Portugal informó que, hasta el momento, el juez de investigación preparatoria no ha programado ninguna audiencia sobre su solicitud y también cuestionó al Ministerio Público por no respetar el plazo correspondiente, puesto que la investigación culminaba el 23 de diciembre y recién el 27 se informó sobre la ampliación de la investigación.
Caso Cofre
El caso Cofre surge a raíz de una grabación que registra una presunta conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo o ‘capitán Culebra’. En dicha comunicación, Santiváñez revela a su interlocutor que Vladimir Cerrón usó el vehículo de la presidenta para escapar a Ica.
Es más, el funcionario se refiere al auto como “el cofre”. Estos audios fueron entregados por el capitán Izquierdo, junto a otras conversaciones que revelarían una presunta obstrucción a las investigaciones de la mandataria desde el Ministerio del Interior.