Crisis de confianza en seguridad: Serenazgo supera a la PNP y respaldo a las FF.AA. también cae, según IEP

Los ataques a empresas de transporte público, explosivos en negocios, pequeñas empresas y hasta sedes del Ministerio Público evidencian el desborde criminal que se vive en el Perú. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconoció que el país atraviesa una “ola criminal nunca antes vista”.

Pese a que el funcionario asegura que la PNP está trabajando y que el problema de la criminalidad organizada es el resultado de la negligencia de gobiernos anteriores, algunas voces en el Congreso y en los gremios empresariales piden su salida. Incluso, se presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el sector interior, de orden público y seguridad nacional.

“Confíen en la Policía Nacional”. Repite constantemente Santiváñez, sin embargo, los pocos resultados en la lucha contra la delincuencia y las denuncias de hechos de corrupción e irregularidades que involucran a la institución han generado que la confianza en esta fuerza disminuya.

De hecho, un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de enero de 2025 revela una baja confianza en las instituciones relacionadas con la seguridad.

Según la encuesta, los peruanos confían más en el Serenazgo que en la Policía Nacional del Perú. Asimismo, las Fuerzas Armadas son la institución que genera más confianza, aunque su función no es la de luchar contra la criminalidad.

• Fuerzas Armadas: Son la institución que genera mayor confianza, aunque su respaldo ha disminuido del 55% en julio de 2024 al 46% en enero de 2025. La confianza es más alta en la macrozona norte y entre personas menores de 40 años y de niveles socioeconómicos más altos que se identifican con la ideología de derecha. Mientras que en la macrozona sur, el nivel de confianza es el más bajo.
• Policía: La confianza en la policía ha caído del 37% al 29% entre julio de 2024 y enero de 2025. La mayor desconfianza se encuentra entre las mujeres y en la macrozona sur.

• Serenazgo: Un 37% de los encuestados confía en el serenazgo de su distrito. La confianza es más alta en la macrozona oriente y entre los jóvenes, pero en Lima Metropolitana un 33% no confía en absoluto en este servicio.

El estudio revela que la creciente percepción de inseguridad y la desconfianza en las instituciones impulsan a los ciudadanos a buscar alternativas para su protección, como la organización vecinal o incluso la posesión de armas de fuego. La intención de adquirir un arma para defensa personal ha aumentado del 47% al 52% desde junio de 2023, siendo más frecuente entre los hombres. En contraste, un 45% rechaza esta opción, cifra que es mayor entre las mujeres y quienes no han sido víctimas de la delincuencia en el último año.

El estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha revelado un dato alarmante: el 55% de los peruanos estaría dispuesto a apoyar a un líder que priorice la lucha contra la delincuencia, incluso si esto implica no respetar los derechos humanos. Este respaldo mayoritario refleja la creciente preocupación de la ciudadanía frente a la inseguridad que afecta al país. Esta tendencia se concentra principalmente en hombres mayores de 40 años de los niveles socioeconómicos más bajos y en las zonas rurales del norte del país.

El informe, basado en una encuesta realizada a 1.207 personas, expone que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema para los peruanos. Los constantes asaltos, secuestros y asesinatos han generado una sensación de desesperación que lleva a muchos a considerar medidas extremas. Según detalló el medio, el gobierno de Dina Boluarte no ha logrado implementar soluciones efectivas para frenar esta ola de criminalidad, lo que ha intensificado el clamor por acciones más drásticas.

El respaldo a un líder que actúe sin considerar los derechos humanos no se limita a una región específica. Según el estudio, tanto en Lima Metropolitana como en las áreas urbanas del resto del país, más del 50% de los encuestados comparte esta postura. Sin embargo, el apoyo es aún más marcado en las zonas rurales, especialmente en la macrozona norte, donde alcanza un 60%. En otras regiones, como el sur y el oriente, los porcentajes también son elevados, con un 53% y un 58%, respectivamente.

Las recientes denuncias sobre irregularidades en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas reflejan una preocupante crisis institucional. En el caso de Sheyla Cóndor, videos obtenidos de la Comisaría Santa Luzmila contradicen la versión oficial y confirman que el suboficial Darwin Condori estuvo en la dependencia policial el mismo día del crimen. A pesar de que la Policía negó su presencia, las imágenes muestran su ingreso. Asimismo, el Estudio Arbizu y Gamarra denunció la manipulación de los videos para ocultar su salida.

Paralelamente, la Contraloría General de la República reveló un presunto fraude en el Ejército, donde tres generales y siete oficiales habrían facilitado la adjudicación de un contrato de más de 20 millones de dólares a la empresa fantasma Milenium Veladi Corp. para la reparación de tres helicópteros rusos. Aunque se pagaron 15 millones por adelantado, las aeronaves continúan inoperativas.