Esta semana, el Ministerio Público sorprendió al Congreso de la República con la presentación de una denuncia constitucional contra once de sus integrantes. Aunque rápidamente distintos legisladores, incluyendo al presidente de la institución, Eduardo Salhuana, cuestionaron la medida, la titular de la Fiscalía, Delia Espinoza, defendió el accionar fiscal y respondió a sus opositores. ¿Cuáles son sus argumentos?
Previo a ir con las posturas, es importante recordar que la medida es contra integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que aprobaron un proyecto de ley que eliminaba el tope salarial legalmente establecido (S/ 15.600) y beneficiaba directamente a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluidos ellos mismos que estaban desempeñando cargos de elección popular.
Los legisladores investigados por el delito de negociación incompatible son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.
Congreso vs. Fiscalía: argumentos
Para el Poder Legislativo, denunciarlos infringe el artículo 93 de la Constitución, el cual menciona que “los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. A ello se suman dichos de especialistas del ala derecha, como lo son Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, y Aníbal Quiroga, abogado de los parlamentarios José Williams y Roberto Chiabra.
El ex titular del TC calificó de una “confusión mental gruesa y un error manifiesto” la motivación de la demanda. “Con toda la consideración que merece la fiscal, yo creo que sus asesores la han aconsejado mal porque, primero, ha confundido pensión con remuneración y lo que prohíbe la Constitución es la doble remuneración. Segundo, censurar al parlamentario por el voto, pese a que la Constitución señala que no hay responsabilidad, es otro error garrafal que dice mucho de la falta de prolijidad y conocimientos de la fiscal de la Nación. Está demostrando orfandad jurídica y miopía procesal”, expresó en diálogo con Canal N.
Aunado a ello, Quiroga sostuvo que “lo que ha hecho la Fiscalía es una barbaridad jurídica y denota ignorancia”, e insistió en que pensión y remuneración no es lo mismo.
Las críticas abrieron el debate de un contragolpe: acusar ante el Congreso a la fiscal, bajo el argumento del artículo 99 de la Constitución, el cual menciona que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; […] por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas".
“Es fundamental que el Ministerio Público actúe con respeto al orden constitucional y el Estado de Derecho”, expuso Eduardo Salhuana a través de su cuenta oficial de X; mientras que la vicepresidenta Patricia Juárez consideró que la fiscal “debería reevaluar lo que ha hecho y desistir de esta denuncia constitucional tan absurda y que viola flagrantemente la Constitución”.
En respuesta, Delia Espinoza minimizó la presentación de una eventual denuncia en su contra y consideró que “son reacciones propias de cualquier investigado”. “Todo caso que llevamos y terminamos con presentar una denuncia es estrictamente aplicando la ley. [...] Todo es en el marco de la legalidad, porque el Ministerio Público se caracteriza por eso, de hacer prevalecer la legalidad y, si hay una sospecha reveladora como en este caso, sigamos el procedimiento y no tengamos temor, porque la verdad es lo que va a prevalecer”, sentenció.
A ello se sumó una aclaración enviada desde la entidad especificando que la denuncia no cuestiona el derecho constitucional de percibir pensión y remuneración simultáneamente, sino el procedimiento irregular en la aprobación de la norma.
“La denuncia es un pedido para investigar y determinar si hubo delitos en el procedimiento legislativo”, resaltaron.
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