Las sanciones vigentes contra Juan Luis Cipriani confirmadas por El Vaticano tras acusaciones de pederastia

El Vaticano ha reiterado que las medidas disciplinarias impuestas en 2019 al cardenal peruano Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, continúan vigentes. Según informó El País, estas sanciones incluyen su retiro, el exilio de Perú y la prohibición de portar símbolos cardenalicios o realizar declaraciones públicas. La decisión se tomó tras una acusación de pederastia en su contra, un caso que ha generado controversia y críticas por parte del propio Cipriani hacia el Papa Francisco.

Cipriani ha cuestionado la legitimidad de las sanciones, alegando que no se le permitió defenderse ni conocer los detalles de la denuncia. Sin embargo, la Santa Sede ha respondido a estas declaraciones, subrayando que el cardenal firmó y aceptó un precepto penal que establece las medidas disciplinarias en su contra. Además, el Vaticano ha enfatizado que estas disposiciones no han sido revocadas y permanecen en vigor.

“No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas (...) en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó″, señaló.

La Santa Sede confirmó que, tras aceptar la renuncia de Cipriani como arzobispo de Lima, se le impusieron restricciones disciplinarias, las cuales el cardenal aceptó por escrito. Sin embargo, recientemente Cipriani negó las acusaciones y cuestionó la sanción del Papa, alegando que no fue escuchado ni informado formalmente del proceso en su contra. Ante sus declaraciones, el Vaticano aclaró que las medidas siguen vigentes.

A pesar de su sanción, Cipriani regresó a Perú este mes y el 7 de enero recibió la medalla al mérito del Ayuntamiento de Lima, entregada por el alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei. Tras conocerse la sanción papal, el alcalde defendió al cardenal y calificó la acusación de pederastia como una “gravísima difamación”. Tanto la Municipalidad de Lima como la Conferencia Episcopal Peruana han guardado silencio sobre el caso.

La denuncia contra Cipriani fue tramitada por Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien facilitó la carta al Papa Francisco. El Vaticano investigó el caso y consideró las acusaciones creíbles, ordenando su retiro inmediato en 2019, cuando Cipriani cumplió 75 años y debía presentar su renuncia.

Al respecto, el abogado Alberto González, especialista en derecho canónico, señaló que la sanción impuesta al cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado por presunto abuso, debe considerarse una medida cautelar y que es necesario concluir con una investigación formal.

Según González, Cipriani reclama no haber tenido un debido proceso, lo que indicaría que la sanción aplicada por el Vaticano se ha mantenido en el tiempo sin una resolución definitiva. Además, el abogado consideró que un proceso adecuado es fundamental para garantizar la tranquilidad en el país, dado el rol que Cipriani ha desempeñado en la Iglesia Católica peruana.

Asimismo, afirmó que la aceptación de las medidas cautelares impuestas al cardenal Juan Luis Cipriani no implica un reconocimiento de responsabilidad sobre las acusaciones en su contra.

González explicó que la vida de un clérigo, ya sea secular o regular, tiene una finalidad distinta a la de los laicos, lo que puede llevar a aceptar sanciones en silencio, incluso si la persona se considera inocente, como una forma de ofrecerse “como víctima frente a Dios ante un acto de injusticia”.

Asimismo, señaló que Cipriani, independientemente del proceso eclesiástico, deberá responder en su fuero interno ante Dios. Además, aseguró que la Iglesia ha seguido sus protocolos y que la denuncia ha sido atendida dentro de su estructura.

El abogado penalista Hugo Mendoza explicó el significado del “precepto penal” impuesto al cardenal Juan Luis Cipriani y aclaró su situación legal.

Según Mendoza, la posibilidad de que Cipriani enfrente un proceso penal y vaya a prisión es lejana, pero no imposible. Para que esto ocurra, primero tendría que ser expulsado del estado clerical, lo que solo sucedería si se comprueba plenamente su responsabilidad y se sigue el procedimiento interno establecido por la Santa Sede.

El abogado también señaló que, aunque se trata de un delito grave y de naturaleza imprescriptible, la apertura de un proceso penal solo sería viable si existen elementos mínimos suficientes para justificarlo. Sin embargo, esto resulta difícil de determinar, ya que el procedimiento dentro de la Iglesia es estrictamente privado.

El caso también ha puesto en el centro de atención al Opus Dei en Perú. La víctima intentó en 2018 contactar al vicario regional de la organización, Ángel Gómez-Hortigüela, para informar sobre los abusos sufridos. Sin embargo, el vicario se negó a recibirlo, lo que llevó a la víctima a buscar otras vías para denunciar los hechos. En un comunicado emitido el sábado, el vicario pidió disculpas por no haber atendido a la víctima en su momento, reconociendo la gravedad de la situación.

La negativa inicial del Opus Dei para escuchar a la víctima ha generado cuestionamientos sobre la gestión de las denuncias de abuso dentro de la organización. Este caso se suma a una serie de escándalos que han sacudido a la Iglesia católica en los últimos años, poniendo de relieve la necesidad de mecanismos más efectivos para abordar y prevenir los abusos sexuales en su seno.

Tras la publicación de la noticia por parte de El País, Cipriani declaró públicamente su inocencia y criticó al Papa Francisco por imponerle sanciones sin haber sido escuchado. Estas declaraciones han sido desmentidas por la Santa Sede, que aseguró que el cardenal tuvo conocimiento de las acusaciones y aceptó las medidas disciplinarias impuestas en su contra. La oficina de prensa del Vaticano reafirmó que las sanciones fueron el resultado de un proceso interno basado en las denuncias presentadas.