Sunarp: controversia por nuevo sistema de garantías mobiliarias que favorecería el lavado de activos a partir de marzo 2025

El próximo 3 de marzo de 2025 marcará un cambio angular en el sistema de garantías mobiliarias en el Perú. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) publicó esta semana tres resoluciones para dar inicio a un nuevo régimen que reemplazará el modelo tradicional de títulos e inscripciones por un sistema administrativo basado en avisos gestionados directamente por los acreedores.

De acuerdo al organismo, el nuevo sistema busca facilitar el acceso al crédito, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al reducir los costos y simplificar los procedimientos. Sin embargo, el cambio también ha generado preocupación en algunos sectores, los cuales señalan que la eliminación de la calificación registral y la participación notarial podría aumentar los riesgos asociados al lavado de dinero, la pérdida de dominio sobre las garantías y la inseguridad jurídica en las transacciones.

Además, se teme que la falta de control estatal sobre la calidad de las garantías derive en un incremento de los costos de transacción y en un mayor número de procesos judiciales, lo que podría sobrecargar al sistema judicial peruano.

El nuevo sistema, denominado Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), tiene como objetivo principal agilizar los procesos de registro y fomentar un entorno más dinámico para el mercado crediticio. La norma responde al cumplimiento del Decreto Legislativo 1400, promulgado en 2018, y su reglamento, que hasta ahora se encontraba en período de vacatio legis.

El SIGM, que entrará en funcionamiento el 2 de marzo de 2025, permitirá a los acreedores registrar y gestionar las garantías mobiliarias de manera directa, sin necesidad de intermediarios como notarios o registradores públicos. Según lo establecido en la Resolución 00013-2025-Sunarp/SN, la plataforma contará con requisitos específicos para la apertura de cuentas de usuario y ofrecerá diversos certificados relacionados con las operaciones de garantías mobiliarias. Este modelo busca reducir costos y tiempos en los trámites, promoviendo un acceso más amplio al crédito formal.

Desde su creación en 2018, el Decreto Legislativo 1400 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos en el ecosistema de garantías. Fuentes del sector comentaron para Infobae Perú que la ausencia de un proceso de calificación registral y la exclusión de los notarios en el nuevo sistema representan un retroceso en términos de formalidad y seguridad jurídica. Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

• Falta de control contra el lavado de dinero: Al no requerir la intervención de notarios, se abre la posibilidad de que las operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, afectando la transparencia del sistema.
  
• Incremento de costos de transacción: La ausencia de una revisión previa por parte de registradores públicos podría generar errores en las garantías, lo que incrementaría los costos para corregirlos posteriormente.
  
• Mayor litigiosidad: La falta de una evaluación legal previa podría derivar en disputas judiciales sobre la validez de las garantías, lo que implicaría costos adicionales para el Estado.
  
• Riesgo de hackeo: Dado que los acreedores gestionarán las garantías a través de cuentas digitales, existe preocupación por la vulnerabilidad de estas plataformas frente a posibles ataques cibernéticos.

Los críticos también han advertido que este modelo, inspirado en sistemas de otros países, podría no ser adecuado para la realidad peruana, caracterizada por altos niveles de informalidad y una limitada seguridad jurídica. Según estas voces, el nuevo sistema podría incluso fomentar el crédito informal, con tasas de interés superiores a las permitidas por la ley.

Entre las resoluciones publicadas por Sunarp se encuentran la Resolución 00011-2025-Sunarp/SN, que establece el funcionamiento del SIGM, y la Resolución 00013-2025-Sunarp/SN, que regula los lineamientos para el acceso al sistema y la emisión de certificaciones. Además, se aprobó el reglamento del procedimiento administrativo sancionador, que busca garantizar el cumplimiento de las normas en el marco del nuevo régimen.

Asimismo, se han realizado modificaciones a reglamentos específicos, como el de inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, el Registro Público de Aeronaves y los Registros de Buques y Embarcaciones Pesqueras, con el objetivo de adecuarlos al nuevo sistema. Estas disposiciones buscan garantizar la operatividad del SIGM y su integración con los registros existentes.

A pesar de las críticas, Sunarp ha destacado que el nuevo sistema tiene el potencial de dinamizar el mercado crediticio y facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para las mipymes. Al reducir los costos y simplificar los trámites, se espera que más empresas puedan utilizar las garantías mobiliarias como respaldo en sus operaciones crediticias. Según lo informado, el SIGM no generará costos adicionales ni modificará los procedimientos administrativos existentes, lo que podría contribuir a un entorno más favorable para la inversión.

El impacto de estas medidas en la economía peruana será observado de cerca, ya que el éxito del nuevo sistema dependerá de su capacidad para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en las transacciones. Mientras tanto, los sectores críticos han instado a realizar ajustes al modelo antes de su implementación, con el fin de mitigar los riesgos identificados y asegurar que el sistema cumpla con su objetivo de promover el desarrollo económico del país.