Retorno de jueces sin rostro en Perú: Patricia Juárez presentará proyecto de ley “para enfrentar el crimen organizado”

En medio del incremento de la inseguridad en el país, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso de la República del Perú, revivió una polémica figura de los noventa: los jueces sin rostro. A través de un video en sus redes sociales, la legisladora de Fuerza Popular anunció la elaboración de esta propuesta con el objetivo principal enfrentar de manera contundente al crimen organizado.

Según dijo, su despacho se encuentra trabajando en una iniciativa que permita recuperar esta figura, pero adaptándola a los estándares constitucionales y convencionales actuales; en respuesta al temor que los operadores del sistema de justicia, jueces y fiscales, tienen al momento de poner “mano dura para sancionar”. “Nosotros tenemos que presentar soluciones radicales a problemas radicales como los que estamos teniendo en este momento, donde está peligrando todos los días la vida de cada uno de nosotros”, mencionó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que desde el Parlamento se menciona el regreso de esta medida aplicada por Alberto Fujimori durante la lucha contra el terrorismo. El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, propuso que los magistrados investiguen, juzguen y acusen a organizaciones criminales de alta peligrosidad sin que se conozca su identidad.

“La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento, y, sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial. Los fiscales y magistrados no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial”, indica el texto.

Su presentación también se justificó al considerar la inseguridad como un problema recurrente y cada vez más preocupante en nuestro país. “Precisamente, esa percepción a la exposición de riesgos y amenazas en el entorno cotidiano genera un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, ya que afecta su sensación de seguridad, confianza y bienestar”, se lee.

Asimismo, expusieron que de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de ciudadanos se siente muy inseguro y teme ser víctima de un asalto, y el 44% considera que la delincuencia es uno de los mayores problemas del país en la actualidad. “Hay que precisar que si bien existen tratados, convenios y convenciones suscritos y ratificados por el Estado peruano que tienen carácter vinculante respecto a la defensa y garantía para las personas en el marco de un proceso judicial, esta situación no contraviene dicho marco jurídico, pues también se debe tener en cuenta lo dispuesto por nuestra Carta Magna que en su artículo 1, indica que: ‘La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’”, menciona el documento.

Entonces, la medida fue rechazada por el todavía segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Waldemar Cerrón, quien consideró que “a la delincuencia se le da la cara”. “Todo proyecto de ley es debatido, conversado y argumentado en las comisiones; sin embargo, voy a darme la licencia de dar mi opinión. La justicia no puede ser tratada como anónimo. ¿Por qué se va a presentar un juez sin rostro en un Estado de derecho, en un país democrático?”, cuestionó entonces.

En ese sentido, consideró que implementar una medida como esa demostraría que la delincuencia ganó. Además, que dicha figura también abre la puerta a injusticias.

“Eso de juez sin rostro me recuerda a los años de Fujimori cuando no se sabía quién había administrado justicia y, hasta a veces, sentencias direccionadas que han perjudicado a muchas personas; entonces, no retrocedamos a la barbarie, no le cedamos paso a quienes están delinquiendo”, concluyó.

La figura de los jueces sin rostro fue utilizada en el Perú durante la década de 1990 como una estrategia para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, esta medida fue duramente criticado por organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos. En agosto de 1996, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Gobierno fujimorista que aboliera inmediatamente el uso de esta figura, aunque el Congreso peruano terminó votando a favor de prolongar su uso por un año más.