Pedro Castillo seguirá en prisión: PJ declaró infundada apelación presentada por el expresidente

El expresidente Pedro Castillo continuará bajo prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación presentado por su defensa, que buscaba revocar la medida restrictiva impuesta tras el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

De esta manera, el tribunal confirmó la resolución emitida previamente por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien había desestimado la solicitud de revisión de oficio de la medida. Como parte de los argumentos, la Sala presidida por el magistrado supremo César San Martín sostuvo que “el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación”.

Asimismo, el colegiado precisó que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo Terrones, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo no puede prosperar.

La defensa legal de Pedro Castillo argumentó que no se valoraron adecuadamente nuevos elementos de investigación que, según ellos, podrían haber modificado la medida restrictiva. Entre estos elementos, señalaron aspectos relacionados con la flagrancia delictiva, basándose en declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como en videos que documentan la detención del expresidente. Además, cuestionaron el papel de la fiscal de la Nación en las investigaciones y alegaron una presunta vulneración de la inmunidad presidencial.

Otro de los puntos destacados por la defensa fue la supuesta eliminación del peligro de fuga. Según los abogados de Castillo, no existía riesgo de que el exmandatario buscara asilo en la Embajada de México en el Perú, como se había señalado anteriormente. En este sentido, ofrecieron garantías de residencia en Lima para sustentar su solicitud de libertad bajo comparecencia con restricciones. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer al tribunal supremo.

El intento de golpe de Estado que llevó a la detención del exdignatario ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Este acto fue ampliamente condenado tanto a nivel nacional como internacional, y resultó en su destitución inmediata por parte del Congreso peruano. Posteriormente, Castillo fue detenido y trasladado al penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde entonces.

Un día previo a la resolución judicial, el excandidato presidencial por Perú Libre solicitó al PJ modificar su prisión preventiva por arresto domiciliario. En plena audiencia, el expresidente incluso sugirió el uso de un grillete electrónico, asegurando a su vez que no tiene ninguna intención de darse a la fuga, y que, caso contrario, continuaría colaborando con la justicia.

“Yo jamás voy a fugarme del país. Nunca pretendí fugarme. Nunca cogí un arma. Nunca me he burlado de nadie. Por eso voy a someterme a la vigilancia electrónica. Mis abogados me han hecho de conocimiento cuáles son los alcances y riesgos que debo tener en cuenta. Si bien es cierto tengo un domicilio real en Tacabamba, miles de compañeros quisieran tenerme en su domicilio por el cariño que tienen a su presidente”, mencionó y adelantó que ha tomado la decisión de tener un domicilio en Lima con la finalidad de contribuir con este proceso legal.

“Cuántos hermanos quisieran que viva en su casa de Lima, cuántos hermanos quisieran que viva en cualquier espacio del Perú porque soy un hombre del pueblo y dejo constancia de que si se me encontrara culpable no solo pediría perdón a Dios, sino mil disculpas al pueblo”, sentenció.