¿Por qué no crecen las universidades públicas en el Perú?

Cuando Carmen, una joven de 18 años de Ayacucho (región de la sierra central del Perú), terminó la secundaria en el primer lugar de su promoción, tenía el sueño de ingresar a la universidad pública de su región para convertirse en ingeniera. Sin embargo, tras dos intentos fallidos de conseguir una vacante, se vio obligada a buscar alternativas en otras regiones del país. Su historia no es la única: por el contrario, refleja una realidad que afecta a miles de jóvenes peruanos con buen rendimiento académico, pero que no logran acceder a una universidad pública por falta de vacantes. A la par de esta situación, el Congreso de la República ha creado nuevas universidades, una medida que ha generado controversias y cuyo sustento técnico motiva dudas justificadas.

La universidad pública en el Perú enfrenta un problema desde hace varios años: las vacantes no crecen a pesar del incremento presupuestal de la última década. Mientras que las casas de estudio privadas han elevado de manera significativa la cantidad de vacantes que brindan, las públicas permanecen estancadas. El 2023, las universidades públicas solo ofrecieron 73 000 vacantes a escala nacional, mientras que las universidades privadas ofrecieron 341,000, un 60% más que el año 2019.

El desequilibrio no se debe a una caída en la preferencia por las universidades públicas, sino a la incapacidad de estas instituciones para absorber más estudiantes.

Parece lógico pensar que la solución es expandir las vacantes ya existentes, pero ¿por qué no se está haciendo? Las razones están dentro de las propias universidades públicas. La primera es la falta de alineamiento entre el presupuesto estatal y los requerimientos de mayor acceso de los jóvenes. Aunque el presupuesto de las universidades públicas ha aumentado, al pasar de 4996 millones de soles en el 2018 a más de 7400 millones de soles en el 2024 (un incremento de casi 50 % en solo seis años), gran parte de esos fondos se destina a mayores gastos administrativos y de infraestructura, pero sin que se incremente el número de vacantes que se ofrecen cada año.

Pero la situación no se da solo por una falta de priorización presupuestal. También están los problemas de gobierno universitario. Un ejemplo es la oposición de los decanos de las facultades a que haya más vacantes. En el 2020, el Ministerio de Educación (Minedu), como ente rector del sistema, diseñó una estrategia para duplicar la cantidad de vacantes de las universidades públicas en un plazo de cinco años. La meta era ambiciosa, pero, según los cálculos del ministerio, sí se podía lograr, ya que las universidades públicas cuentan con docentes que no cumplen la totalidad de su carga horaria, e infraestructura en exceso, que no se utiliza eficientemente.

El Minedu asignó 88 millones de soles a la estrategia para su primer año. Lamentablemente, si bien la mayoría de rectores y vicerrectores académicos aceptaron la estrategia, los decanos se opusieron a recibir el financiamiento del Minedu y bloquearon la creación de más vacantes en los consejos universitarios.

¿Por qué ocurrió eso? Porque, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley Universitaria, el número de vacantes de una universidad pública se establece a propuesta de las facultades y no del rector. Como consecuencia de la resistencia de los decanos, se perdió el financiamiento del Estado para la estrategia y no hubo continuidad.

La creación de nuevas universidades públicas ha sido una iniciativa de los congresistas, supuestamente ante la falta de acceso a la educación superior en varias provincias del país. Aunque esta medida busca ofrecer más oportunidades, en la práctica genera graves dificultades, ya que poner a funcionar una universidad desde cero implica altos costos iniciales y un largo tiempo de implementación (de siete años en promedio). Mientras tanto, los jóvenes que necesitan educación superior en el 2025, van a seguir sin oportunidades de acceso.

Por otro lado, muchas de estas universidades enfrentarán problemas de sostenibilidad y calidad debido a la dificultad geográfica e institucional de convocar docentes, investigadores y equipos técnicos capaces de gestionar las nuevas instituciones con estándares de calidad. Finalmente, la limitada discusión pública con la que se han aprobado estas iniciativas genera dudas razonables acerca de su viabilidad y pertinencia.

Como lo ha evidenciado un reporte de CAPPES, think tank peruano especializado en educación superior, la solución a largo plazo no radica en multiplicar instituciones educativas, sino en fortalecer las existentes. Las universidades públicas necesitan priorizar sus recursos hacia la ampliación de vacantes y la instauración de filiales en regiones con mayor demanda. Esto requiere no solo un involucramiento efectivo del Minedu, sino también un alineamiento interno entre los decanos y las altas autoridades de estas instituciones públicas.

Dada la experiencia de la estrategia de ampliación de vacantes del Minedu, es necesario modificar la Ley Universitaria para darle mayor poder de decisión al vicerrectorado académico en cuanto a la determinación de la cantidad de vacantes. Es fundamental que las autoridades universitarias reconozcan que generar conocimiento no es su único rol: también lo es garantizar que más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. La autonomía universitaria, aunque esencial, no debe ser un obstáculo para implementar políticas públicas que los beneficien.

El futuro de miles de jóvenes como Carmen está en juego. Si las universidades públicas no priorizan la expansión de vacantes, los congresistas seguirán proponiendo soluciones equivocadas que no abordan el problema de fondo.

Es hora de actuar. Las autoridades universitarias deben destinar los recursos adecuados para ampliar la oferta pública con condiciones de calidad, y asegurar que ningún joven con las aptitudes necesarias quede fuera del sistema por falta de oportunidades. Cada día que pasa sin que se atienda esta situación, es un día perdido para miles de peruanos que sueñan con un futuro mejor.