Una misión de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) visitó Lima el 21 y 22 de enero de 2025 con el objetivo de abordar temas críticos relacionados con la independencia judicial y fiscal en el Perú. La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Soborno, Kathleen Roussel, lideró la delegación y en un comunicado posterior a las diligencias, expresó su preocupación por acciones que podrían comprometer la autonomía de fiscales y jueces encargados de casos de corrupción.
Esta intervención se enmarca en el cumplimiento de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada por el Perú en 2018. Durante la misión, los representantes de la OCDE se reunieron con altos funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y líderes del Congreso de la República.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó: “Es una preocupación permanente del Estado peruano buscar una mejor administración de justicia. Perú es un país democrático que respeta la separación de poderes y la institucionalidad consagrada en nuestra Constitución Política”. Arana aseguró que el Gobierno garantizará la independencia necesaria para que la OCDE pueda evaluar la situación en los próximos meses. El Grupo de Trabajo sobre Soborno evaluará nuevamente el cumplimiento de la Convención en diciembre de 2026.
Ataques al Equipo Especial Lava Jato
La principal inquietud de la misión de la OCDE giró en torno a las medidas adoptadas contra fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que investigaron los actos de corrupción vinculados al escándalo Odebrecht y que alcanzaron a expresidentes, políticos y empresas constructoras. Sin embargo, los fiscales alegaron constantes intentos de destitución, investigaciones disciplinarias y denuncias penales.
En enero de 2025, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, destituyó a Rafael Vela como coordinador del equipo. La resolución fue adoptada pese a los avances obtenidos en 2024 por la entidad, como la sentencia a Alejandro Toledo. Asimismo, desde diciembre de 2023, José Domingo Pérez ha sido objeto de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que ha incluido el levantamiento de su secreto bancario y tributario y la inclusión de su esposa en el proceso, a pesar de la falta de evidencias según documentos presentados por el propio fiscal.
Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Soborno, destacó que “Perú logró grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluyendo el inicio de investigaciones de alto perfil contra altos funcionarios. Para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a fiscales y jueces de interferencias políticas”.
Intentos de desmantelar la Junta Nacional de Justicia
Otro punto crítico discutido durante la misión fue la amenaza contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad responsable de la selección y supervisión de jueces y fiscales. Desde 2023, miembros de la JNJ han enfrentado intentos de descalificación, así como una propuesta legislativa para reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura. Esta iniciativa, impulsada por sectores políticos del Congreso, ha sido severamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
La Academia de la Magistratura (AMAG) ha considerado inviable esta propuesta, advirtiendo que centralizar las funciones de selección, capacitación y supervisión en una sola entidad podría debilitar la independencia judicial. En septiembre de 2024, la Misión Internacional de Observación (MIO) también denunció la falta de transparencia en el proceso de selección de nuevos miembros de la JNJ, alertando sobre el uso excesivo de juicios políticos como un mecanismo de intimidación.
La misión de la OCDE también expresó preocupación por reformas al marco legal peruano que podrían debilitar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, cambios en los acuerdos de colaboración eficaz y en los mecanismos de extinción de dominio, los cuales son fundamentales para recuperar activos ilícitamente adquiridos. Estas reformas podrían dificultar la persecución de responsables de actos de corrupción y soborno internacional.
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