El centro de Trujillo fue el epicentro de un atentado contra la sede del Ministerio Público. El hecho provocó una ola de reclamos sobre la permanencia de Juan José Santiváñez, pero para el alcalde Mario Reyna considera que la discusión sobre la inseguridad ciudadana no debe ir por ese sentido. “Para mí eso no es lo importante, esté él o que lo cambien, da lo mismo. Es irrelevante”, dijo sobre el titular del Mininter.
Tan solo en este periodo presidencial (2021-2026), 13 hombres han estado a cargo del Ministerio del Interior. La llegada de un nuevo ministro no significaría un paso importante para enfrentar la crisis, según Reyna. Este apuesta por empezar a tomar decisiones serias a partir del análisis y recomendaciones de aquellos que realmente son expertos en lucha contra la criminalidad.
“Para mí es irrelevante que se quede, el peligro es que al nuevo ministro le va a volver a ocurrir lo mismo. Es un tema que necesita que se analice y se tomen decisiones a nivel estructural. Sin la posibilidad de la Policía de poder escuchar, documentar, observar, vigilar, tener equipamiento, no va a poder sustentar un caso frente al Poder Judicial o el Ministerio Público”, añadió.
Desde las municipalidad y gobiernos regionales tan solo se puede apoyar al Ministerio del Interior con equipamiento, según Reyna. “Si lo cambian (a Juan José Santiváñez), en buena hora”, recalcó, pero aseguró que sin el marco legal suficiente, lo que vendrá será un desfile de ministros que volverán a fracasar en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sobre la labor de César Acuña a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, el alcalde de Trujillo prefirió no adjetivar.
¿Qué ocurrió en Trujillo?
El 20 de enero de 2025, en la madrugada, se produjo un atentado en la sede del Ministerio Público de Trujillo, ubicada en la avenida Jesús de Nazareth. Un individuo, disfrazado de repartidor, dejó una caja con explosivos en una puerta lateral del edificio, lo que provocó una fuerte detonación. La explosión causó heridas a dos personas: un guardia de seguridad y un taxista que se encontraba en la zona. Además, la onda expansiva dañó viviendas, negocios, una escuela y la Universidad Nacional de Trujillo.
En respuesta al ataque, el Gobierno peruano anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarían el control de la ciudad de Trujillo para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta medida se enmarca en el estado de emergencia declarado previamente en la región de La Libertad debido al incremento de la delincuencia y el crimen organizado.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su solidaridad con los trabajadores del Ministerio Público y aseguró que se brindaría protección a jueces y fiscales involucrados en casos contra organizaciones criminales. Además, se anunció el traslado de cien policías designados en Trujillo que podrían tener vínculos con el crimen organizado, y el envío de un contingente adicional de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECO) y de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) para reforzar la seguridad en la ciudad.
La Policía Nacional del Perú capturó a cinco sospechosos relacionados con el atentado, intensificando los operativos contra la criminalidad en la región. Las autoridades atribuyeron el ataque a bandas criminales que buscan amedrentar a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado en el país.
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