Sodalicio admite 83 víctimas de abusos hasta 2024 y asegura que pagó $5,3 millones en reparaciones, pero sobrevivientes lo desmienten

El Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), el grupo apostólico de origen peruano recientemente disuelto por el Papa Francisco, presentó este martes un informe en el que reconoció al menos 83 víctimas de abuso atendidas desde 2016, tanto menores como adultos.

En el comunicado que acompaña al documento, la organización expresa “el dolor y vergüenza por los daños que han ocasionado a personas concretas y sus familias” y reitera su “pedido de perdón a todas las personas que han sufrido por estas acciones”, pese a que los sobrevivientes sostienen solo busca “hacer creer a la opinión pública que ha cumplido con las recomendaciones de la Santa Sede“.

El texto no proporciona detalles sobre el número de agresores involucrados, pero menciona que desde 2016, cuando creó la Oficina de Escucha y Asistencia para recibir denuncias, se llevaron a cabo 83 procesos de reparación a través de acuerdos extrajudiciales.

Las denuncias, que continuaron incluso hasta 2024, incluyen 15 casos de abuso sexual a menores entre 11 y 17 años, 18 casos de abuso sexual a adultos y 50 casos de “otro tipo de abusos”, como abuso físico, psicológico, abuso de autoridad y violaciones al código de conducta interno.

De las víctimas indemnizadas, seis son mujeres y 77 son hombres, de los cuales 68 fueron exmiembros del grupo religioso. Los casos se distribuyen entre varias décadas: cuatro ocurrieron entre 1971 y 1979, nueve entre 1980 y 1989, 39 entre 1990 y 1999, 29 entre 2000 y 2009, y dos entre 2010 y 2024.

Según el informe, se destinó un total de US$ 5,348,000 para las reparaciones, de los cuales US$ 336,000 fueron utilizados en terapias y US$ 5,012,000 en indemnizaciones. La mayoría de los acuerdos de resarcimiento se lograron en 2016 y 2017, con 30 y 34 casos, respectivamente, mientras que en los años siguientes se alcanzaron acuerdos puntuales, hasta sumar un total de 10 casos en 2024.

El Sodalicio también indica que 13 personas acudieron a la Oficina de Escucha y Asistencia, pero no fueron declaradas víctimas ni recibieron indemnización, al no haberse presentado “circunstancias” suficientes. Algunos casos fueron reconocidos, pero no se completaron por diversas razones. Actualmente, existen cuatro procesos pendientes.

De acuerdo con el diario El País, los datos disponibles hasta ahora provienen de enero de 2017, cuando la entidad había informado sobre los resultados de sus investigaciones internas. En ese momento, la organización reconoció haber atendido a 103 personas a través de una comisión de ética y un grupo de expertos, considerando 66 de ellas como víctimas.

De esos casos, 47 ya habían llegado a un acuerdo de reparación económica. La organización no ha aclarado ahora si estas cifras deben sumarse a las nuevas estadísticas o si están incluidas en ellas, lo que genera confusión en cuanto a la información proporcionada.

Por su parte, la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas criticó el informe reciente, ya que no aporta novedades significativas y “es, en gran parte, el mismo presentado con anterioridad”. También calificó como “irrisorio” el monto de las reparaciones pagadas hasta la fecha, y subrayó que el proceso de reconocimiento de las víctimas fue manejado por una comisión contratada por el mismo Sodalicio, lo que, según señala, impidió que muchas víctimas fueran “acogidas ni escuchadas”.

La asociación detalló que los acuerdos de reparación contienen condiciones perjudiciales, como la “cláusula mordaza” que obliga a las víctimas a mantener la confidencialidad, el cual constituye una forma de “revictimización”.

Además, observó que “el número de víctimas mujeres ‘reparadas’ no llega ni al 10% del total de casos” y criticó que el informe se publique en un contexto que podría dar la impresión de que el SCV ha cumplido con las recomendaciones del Vaticano.

Fundado en 1971 y denunciado en el libro Mitad monjes, mitad soldados, el Sodalicio ha protagonizado el mayor escándalo de abusos dentro de la Iglesia Católica peruana. En julio de 2023, el Papa Francisco envió a los expertos Charles Scicluna y Jordi Bertomeu para investigar el caso. Posteriormente, la Santa Sede expulsó a Luis Fernando Figari, su fundador, así como a otros 15 miembros de la organización por delitos similares.

Nacido en Lima en 1947, Figari enfrenta diversas denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales de miembros de la organización, investigaciones que también han sido cubiertas por fiscales y periodistas. En abril de 2023, el pontífice aceptó la renuncia del arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, después de que una investigación lo vinculó al encubrimiento de los abusos cometidos por el laico pederasta.