La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final elaborado por el fujimorista Héctor Ventura que recomienda inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra y a sus exministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por el cierre del Parlamento en el 2019.
El documento propone 10 años de sanción para el expresidente y cinco años de inhabilitación contra el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el exministro de Transportes, Vicente Zeballos.
Aunque aún falta que el informe sea votado en el pleno, para Alejandro Salas, defensa del expresidente, en este caso, la decisión es una muestra del ataque que ejercen algunas organizaciones políticas a sus adversarios, pensando en el proceso electoral del 2026. Hay que recordar que la denuncia la presentaron excongresistas de Fuerza Popular, la bancada con más miembros de ese Congreso disuelto.
“Acá lo que existe es un tema absolutamente político, cuya única voluntad es el tema de inhabilitar a Martín Vizcarra, nuevamente, porque lo ven como un adversario político sumamente fuerte para el próximo proceso electoral. Y quieren acumular las inhabilitaciones, abusando el derecho, con la única finalidad de recortarle sus derechos ciudadanos, de elegir y de ser elegido”, señaló en entrevista con Infobae Perú.
Salas cuestionó el proceder de la Subcomisión, ya que a pesar de que se citaron a los investigados, para que puedan ejercer su derecho a la defensa, al final lo que más valdrá es el poder de los votos, por lo que consideró que algunas bancadas al interior del Congreso tienen matices “autoritarios y dictatoriales”.
“No se rigen por lo que dicen las leyes. Hacen la parafernalia del derecho a la defensa, no interpretan el campo jurídico. Lo único que vale ahí es quienes levantan la mano y si les alcanzan los votos levantando la mano, ellos pueden por supuesto dañar a cualquier ciudadano”, comentó.
Salas recuerda que aún hay varias denuncias pendientes en la Subcomisión, pero que no son debatidas, porque el Congreso protege a sus aliados políticos, mientras que es duro con quienes considera una amenaza.
“Las denuncias de quienes son aliados, que son amigos de este Congreso están ahí encarpetadas. Entonces, no se trata y no se ve la justicia con una misma vara. La justicia tiene que ser ciega. Pero no, en el Congreso no hay justicia. En el Congreso es, quien es tu aliado político, lo proteges y quien es tu enemigo político, lo aniquilas”, agregó.
Cierre del Congreso
En 2019, Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República tras considerar que este le había negado la confianza de manera tácita. La acción se basó en la interpretación del artículo 134 de la Constitución, que habilita al presidente a tomar esta medida si se niega la confianza a dos Consejos de Ministros. No obstante, este caso marcó un precedente: el Congreso no había negado formalmente la confianza, sino que había guardado silencio, lo que el Ejecutivo interpretó como una negación implícita.
El Tribunal Constitucional de entonces respaldó la medida, argumentando que la “cuestión de confianza tácita” era válida en aras de preservar el equilibrio de poderes. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente con la renovación de los magistrados del TC, quienes han adoptado una postura distinta.
El nuevo Tribunal Constitucional emitió recientemente una sentencia que redefine los criterios para la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Ahora se establece que esta herramienta solo puede considerarse válida si hay una voluntad expresa por parte del Congreso de negar la confianza.
Es por eso que, algunos congresistas han intentado utilizar esta nueva jurisprudencia para deslegitimar la acción de Vizcarra, sugiriendo que su disolución fue inconstitucional. La palabra final sobre el futuro de Vizcarra la tiene el Congreso de la República.
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