En la madrugada del lunes 20 de enero, la ciudad de Trujillo se estremeció ante un ataque con explosivos perpetrado contra la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Jesús de Nazareth. El incidente, que causó serios daños estructurales a la institución, también afectó viviendas, negocios y una universidad cercana. Las explosiones, una de ellas aparentemente provocada por un artefacto explosivo y un automóvil, generaron alarma entre los vecinos de la urbanización, quienes despertaron sobresaltados por la magnitud del estruendo.
El hecho ocurre en un contexto marcado por el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar la creciente delincuencia en diversas regiones del país. Sin embargo, el atentado expone las limitaciones de las medidas adoptadas hasta el momento y pone en evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva ante la ola de violencia que golpea la ciudad. Las reacciones de las autoridades no se hicieron esperar, destacando llamados a la unidad y propuestas para endurecer las acciones contra el crimen organizado.
Horas después del atentado, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Estado en la localidad de La Libertad. En este encuentro, participaron diversas autoridades locales y nacionales, incluida la presidenta del Poder Judicial y representantes de la Prefectura. Durante la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las medidas que se evalúan para decretar un toque de queda.
“No descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria. Si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento, esa medida no se va a adoptar”, declaró. Además, hizo un llamado a la unidad y reflexionó sobre las acciones tardías que, según algunos, contribuyeron a agravar la situación.
En su intervención, el premier reconoció la existencia de pedidos previos para declarar el estado de emergencia y adoptar medidas como el despliegue del Ejército en zonas críticas. Aunque algunas de estas propuestas fueron atendidas parcialmente, otras quedaron sin ejecutar. El premier también mencionó que la reunión sirvió para reafirmar el compromiso de las autoridades y enfatizó que “los responsables somos todos”.
Declaraciones del alcalde de Trujillo
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, condenó categóricamente el ataque a través de un comunicado oficial y exigió acciones concretas por parte del Congreso y del Ejecutivo. Según el burgomaestre, “esto debe considerarse terrorismo”, destacando la gravedad del atentado y su impacto en la seguridad ciudadana. También señaló que el país no puede tolerar más ataques de esta naturaleza y que se requiere una respuesta inmediata y ejemplar.
Como parte de sus propuestas, Reyna sugirió implementar un toque de queda a partir de la 1:00 a. m. en las zonas declaradas en emergencia. Esta medida, según el alcalde, podría servir como un mecanismo disuasorio para restringir el movimiento de personas durante la madrugada, momento en que suelen ocurrir hechos delictivos de alta peligrosidad.
Contexto de la violencia en Trujillo
El atentado contra la sede del Ministerio Público es el más reciente de una serie de actos violentos que han sacudido a Trujillo en los últimos meses. La región registró un aumento significativo en homicidios, extorsiones y otros delitos vinculados al crimen organizado. Según informes preliminares, estos hechos estarían relacionados con disputas entre bandas delictivas que operan en la zona.
Las explosiones no solo causaron daños materiales cruciales, sino que también dejaron una profunda sensación de vulnerabilidad en la comunidad. Vecinos de la zona afectada denunciaron la falta de presencia policial y expresaron su preocupación por la posibilidad de que hechos similares se repitan en el futuro.
En redes sociales, ciudadanos y organizaciones locales expresaron su solidaridad con las víctimas y han instado a las autoridades a actuar con celeridad. Al mismo tiempo, algunos colectivos han convocado a manifestaciones para exigir una mayor seguridad en la ciudad. Estas iniciativas buscan visibilizar la problemática y presionar a los responsables para que adopten medidas concretas.
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