La madrugada del 20 de enero, Trujillo fue testigo de una explosión frente a la sede del Ministerio Público. Las imágenes difundidas dan cuenta del impacto y la potencia de la ola expansiva. Hasta el momento, se ha confirmado que solo un ciudadano ha resultado herido, pero los alrededores de la institución también se han visto afectados. El frontis de un restaurante terminó destruido mientras que las lunas de las viviendas y la Universidad Nacional de Trujillo se quebraron.
Se sabe que un hombre a bordo de una moto fue el encargado de dejar el material explosivo cerca a la fiscalía, pero hasta el momento se desconoce su identidad. El Ministerio del Interior se pronunció ocho horas después del ataque y aseguró que lo ocurrido es “una respuesta criminal para amedrentar a las autoridades e intimidar a la ciudadanía”. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, recalcó que la explosión recuerda los años más oscuros de la historia peruana contemporánea.
Espinoza señaló que, según las primeras investigaciones, el artefacto explosivo utilizado “procedería de la minería ilegal”, indicando la operación de la criminalidad organizada en la zona. Además, mencionó que una fiscal encargada de un caso relevante de criminalidad organizada había recibido amenazas días antes, sugiriendo una posible conexión con el atentado.
La fiscal de la Nación también criticó la falta de coordinación y respuesta por parte del Ministerio del Interior, enfatizando la necesidad de acciones concretas y de inteligencia policial para prevenir estos actos.
Agrios recuerdos
El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, calificó el incidente como un atentado terrorista, comparándolo con el ataque de Tarata ocurrido en 1992. Bazán instó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a desplazarse de inmediato a la zona afectada y presentar un plan de acción; de lo contrario, anunció que promoverá su censura. Además, solicitó a la Fiscalía la destitución de funcionarios que liberan a delincuentes.
El atentado de Tarata ocurrió el 16 de julio de 1992, en el distrito de Miraflores, Lima, y fue uno de los actos más trágicos y recordados del conflicto interno en el Perú. Perpetrado por Sendero Luminoso, el ataque consistió en la detonación de dos coches bomba que contenían aproximadamente 400 kilos de explosivos. Estas bombas fueron colocadas en la calle Tarata, una zona residencial y comercial de clase media-alta, causando una devastadora explosión.
Se queda en el cargo
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó cambios en el gabinete tras el atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, ciudad actualmente bajo estado de emergencia debido al aumento de la criminalidad.
En una entrevista con RPP, Adrianzén defendió la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha sido cuestionado por la ausencia de un mensaje de solidaridad hacia la Fiscalía en el comunicado oficial de su cartera y por el incremento de la delincuencia a nivel nacional.
“El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales”, afirmó Adrianzén al ser consultado sobre la posible sustitución de Santiváñez tras el ataque. Añadió que la decisión final recae en la presidenta, pero que, por el momento, la continuidad del gabinete está garantizada.
Las medidas impuestas por el gobierno de Dina Boluarte no han conseguido detener la ola de inseguridad que afecta a millones de peruanos y peruanas. A pesar del reconocimiento de presuntos golpes contra el crimen organizado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no ha tenido otra opción que “en el Perú existe una ola criminal nunca antes vista”. En diciembre de 2024, 80% de encuestados pedían que el titular del Mininter presente su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte.
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Para la tribuna. El congresista por La Libertad aseguró que la bancada de Renovación Popular, que hasta el momento se había mostrado solícita con el gobierno de Dina Boluarte, pedirá la inmediata censura del ministro Juan Santiváñez si no presenta esta misma tarde un plan de acción para frenar la ola delictiva en el norte del país
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