El periodista Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, fue asesinado a balazos este lunes frente a su vivienda en Ica. Según un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), sus familiares lo trasladaron convaleciente a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
Medina había realizado denuncias contra el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, el Poder Judicial y grupos de extorsionadores vinculados al transporte colectivo, lo que podría estar vinculado al motivo del crimen, de acuerdo con el gremio.
La ANP exigió una investigación rápida y exhaustiva para esclarecer los hechos, identificar las causas y llevar a los responsables ante la justicia. Por su parte, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) condenó el crimen e instó a las autoridades a aclarar los motivos y encontrar a los culpables.
En septiembre del año pasado, dos desconocidos a bordo de una motocicleta habían atacado la sede de Cadena Sur TV con un explosivo, un hecho que destruyó la puerta principal del local y que entonces fue denunciado públicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Medina informó al gremio que, en 2024, su televisora sufrió al menos cuatro incidentes de violencia. Según sus declaraciones, los ataques fueron represalias por sus investigaciones y denuncias. La periodista Stefanie Medina, autora de Palabra de maestro, resaltó que es el primer colega “en funciones, y con investigaciones a cargo, que es asesinado por sicarios en el Perú”.
“Gastón era mi amigo. Un gran investigador. Todo Ica lo conocía. Que su muerte no quede impune”, anotó en su plataforma de X, antes Twitter. “Era un periodista crítico con la gestión local, tanto regional como municipal”, agregó en un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que exigió a las autoridades investigar el caso para esclarecer el móvil e identificar a los responsables.
Criminalidad en aumento
El asesinato de Medina ocurre el mismo día en que se registró un atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo, que destruyó todas las ventanas y dejó a un taxista herido. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha reconocido que el Perú atraviesa una ola criminal sin precedentes, tras un 2024 marcado por un aumento alarmante de la inseguridad.
Según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros 17 días del 2025 se registraron 79 homicidios. La región Lima lidera las cifras, con 21 asesinatos, seguida del Callao (8), La Libertad (7) e Ica y Piura (5 cada uno).
El despacho de la presidenta Dina Boluarte condenó el ataque contra el edificio de Fiscalía y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que “tomarán el control de la ciudad” como parte de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia.
Previamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que el ataque estaría relacionado con la minería ilegal, lo que evidencia la urgencia de restituir la figura de detención preliminar en los casos de detención preliminar en los casos en los que no existe flagrancia, una ley que ha sido observada por el Gobierno.
“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original esta figura. Si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que admiten que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos”, expresó en diálogo con RPP.
“La herramienta no existe en este momento en casos de no flagrancia, por eso exijo públicamente, ¿qué más esperamos? ¿Que haya más destrozos, más pérdidas humanas? No queremos llegar a esos extremos”, agregó.
Espinoza indicó que, según las primeras investigaciones, el artefacto explosivo detonado “procedería de la minería ilegal”, lo que confirma que “la criminalidad organizada está operando”. Además, reveló que una fiscal “a cargo de un caso grave de criminalidad organizada” ha recibido amenazas desde días antes.
“Incluso pareciera que esto tiene total vinculación con lo que acaba de ocurrir. Esto no nos sorprende porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional silenciosamente. (...) Los fiscales están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad”, mencionó.