Juicio contra Martín Vizcarra: audiencias por presuntos sobornos se reanudarán este lunes 20 de enero

El juicio contra el expresidente peruano Martín Vizcarra, vinculado a presuntos sobornos relacionados con la adjudicación de obras públicas en la región de Moquegua, continuará este lunes 20 de enero. Este proceso, que se encuentra en una etapa clave, aborda las acusaciones sobre presuntas irregularidades en proyectos emblemáticos durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Vizcarra habría solicitado sobornos a cambio de favorecer la adjudicación de contratos en dos importantes obras públicas. En el caso de la edificación del Hospital Regional de Moquegua, la Fiscalía asegura que Vizcarra recibió 1,3 millones de soles (aproximadamente 346.000 dólares) de las empresas constructoras para facilitarles la adjudicación del proyecto. Este hospital, que tuvo un presupuesto inicial de 112 millones de soles (cerca de 29,8 millones de dólares), presenta irregularidades que habrían sido utilizadas como parte del esquema de corrupción.

En el caso de la obra de irrigación Lomas de Ilo, el Ministerio Público sostiene que el exgobernador habría favorecido a un consorcio liderado por las empresas Obrainsa e Incot. Según los testimonios presentados, Vizcarra habría recibido pagos ilícitos para garantizar la concesión del contrato, que tenía como objetivo mejorar la provisión de agua en zonas agrícolas de la región.

Durante las audiencias previas, varios testigos clave ofrecieron declaraciones que comprometen al expresidente. Entre ellos, el gerente de la empresa Incot declaró que se realizaron pagos en efectivo destinados a Vizcarra, señalando que “estos montos eran solicitados directamente para garantizar que no hubiese problemas en los contratos adjudicados”. Por su parte, un chofer de un exministro involucrado afirmó haber sido intermediario en la entrega del dinero en diferentes ocasiones.

En una audiencia anterior, se presentó un testimonio que detalla cómo Martín Vizcarra habría utilizado intermediarios para recibir los pagos. Según esta versión, las entregas de dinero se realizaban en oficinas de confianza, lejos de las instalaciones gubernamentales. Además, en el contexto de la obra del hospital, un empresario declaró que se sintió presionado para participar en el esquema de sobornos, bajo la amenaza de no recibir contratos futuros en la región.

El expresidente Martín Vizcarra ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones y ha calificado el proceso judicial como una “persecución política”. En declaraciones pasadas, Vizcarra afirmó que las declaraciones de los testigos carecen de sustento y que “se trata de afirmaciones sin pruebas, utilizadas para desacreditar mi gestión tanto como gobernador como presidente”.

Asimismo, su equipo de defensa ha cuestionado la validez de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, señalando que estas no vinculan de manera directa al exmandatario con los presuntos pagos. Según sus abogados, “las acusaciones están construidas sobre declaraciones interesadas de colaboradores eficaces que buscan reducir sus propias penas”.

El caso del Hospital Regional de Moquegua es emblemático dentro de las investigaciones de corrupción que rodean al expresidente. Este proyecto, que debía ser un modelo de atención médica para la región, ha estado bajo la lupa debido a las denuncias sobre sobrecostos y pagos irregulares. Según documentos revisados por la Fiscalía, los montos pagados a las empresas no coinciden con los avances reales de la obra, lo que refuerza las sospechas de colusión.

En cuanto a Lomas de Ilo, se trata de una obra de irrigación destinada a beneficiar a los agricultores locales, pero cuya ejecución estuvo marcada por acusaciones de corrupción y favoritismo hacia determinados consorcios. Este proyecto, que recibió financiamiento significativo del gobierno regional, ha sido citado como un ejemplo de cómo se desviaron recursos públicos en la gestión de Vizcarra.

La audiencia del lunes 20 de enero será crucial para avanzar en el caso. Se espera la declaración de más testigos, incluyendo funcionarios que trabajaron en la gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua. También se evaluarán documentos y registros relacionados con las adjudicaciones, los cuales podrían aportar nuevas pruebas para determinar si se cometieron delitos de colusión agravada y cohecho pasivo.

El Poder Judicial analizará las pruebas presentadas por ambas partes y decidirá si existen elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria. La Fiscalía busca una pena de prisión efectiva para Vizcarra, al considerar que existen indicios claros de su participación en los presuntos sobornos.

El juicio contra Martín Vizcarra es uno de los casos más relevantes en la lucha contra la corrupción en el Perú. Además, representa un hito en la rendición de cuentas de altos funcionarios públicos, ya que Vizcarra es el segundo expresidente peruano en ser procesado por casos de corrupción relacionados con su gestión antes de asumir el máximo cargo del país.

Pese a las inhabilitaciones judiciales en su contra, Vizcarra ha expresado su intención de mantenerse activo en la política. Sin embargo, este juicio y otros procesos pendientes, como el relacionado con su vacunación irregular durante la pandemia de COVID-19, complican sus posibilidades de un regreso político.