Ante la ola de violencia que sufren a diario decenas de empresas de transporte interprovincial, el gremio decidió convocar a un nuevo paro nacional para este miércoles 22 y jueves 23 de enero en busca de que las autoridades redoblen los esfuerzos para frenar los casos de sicariato, extorsión y cobro de cupos.
Además de pedir mejores medidas para restablecer el orden público, el sector también anunció que exigirán la renuncia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, al considerar su incapacidad para brindar seguridad a la ciudadanía.
Martín Ojeda, director de la Cámara e Industria del Transporte, fue quien confirmó esta medida de fuerza al no llegar a acuerdos en las reuniones que se tuvieron con el sector Interior.
“Estamos totalmente abandonados por el Estado, es decir, por el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Están en una simbiosis maléfica para perjudicar a todos los ciudadanos. En el caso del Mininter, con los que hemos tenido ciento de reuniones, no hemos visto ni un centímetro de avance”, continuó para Canal N.
Según Ojeda, ya son cinco empresas interprovinciales en Lima Metropolitana que han sufrido el ataque de las bandas organizadas en menos de 30 días. “Ya no se puede más. Nadie hace nada. No es posible”, lamentó en otra entrevista para Latina Noticias.
“Ya nos cansamos del ministro del Interior. Los intereses políticos no pueden afectar los intereses de la vida, que es un principio fundamental en la Constitución. Los informales están con los ilegales, porque no ven eso”, acotó.
¿Más gremios acatarán el paro?
Aún se desconoce si otros gremios se adherirán al paro de este 22 y 23 de enero. Hace unos días, en diálogo con Infobae Perú, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), manifestó que la mejor opción para su sector organizar una movilización o, como él precisó, “una marcha por la vida, no por la paz”.
“Todo sigue igual. El ministro Santiváñez (del Ministerio del Interior) hace rato ya hubiera dado un paso al costado. Sin embargo, no lo ha hecho por una cuestión política. Así como tampoco han derogado la ley 32108. El Legislativo parece que se ha empecinado en continuar con esa ley, por alguna razón. El estado de emergencia instaurado en Lima después del paro del 26 de septiembre no ha servido”, agregó.
En tanto, Julio campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, las bases se encuentran evaluando “la posibilidad de que haya un nuevo paro de transportistas”, sin embargo, aún no se pronuncian al respecto, ni definen la fecha en que se realizará.
