Ocho horas después del atentado con explosivos en la sede del Ministerio Público en Trujillo, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de las autoridades en Trujillo. Según el documento, el ministro Juan José Santiváñez, acompañado por el Alto Mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), viajaría a la ciudad para implementar un plan de acción inmediato que incluye medidas estratégicas, operativas y de inteligencia.
El ataque a la sede fiscal sucedió la madrugada del lunes 20 de enero, ubicada en la avenida Jesús de Nazareth, a pocos minutos del Centro Histórico de la ciudad. Se conoce de por lo menos dos explosiones, una de ellas vinculada a un vehículo. Esto ocurre en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para combatir la delincuencia.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio del Interior (Mininter), el atentado es interpretado como una represalia de organizaciones criminales contra las autoridades, en respuesta a las acciones emprendidas para desarticular redes delictivas tanto nacionales como transnacionales. La institución aseguró que no retrocederá en su lucha contra el crimen y anunció el envío de un contingente de 100 efectivos especializados de las unidades Grecco y Diroes, provenientes de Lima, para reforzar la seguridad en Trujillo.
Fiscalía exige mayor protección tras el ataque
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad para los fiscales y el personal administrativo del Ministerio Público.
dEn declaraciones a RPP, Espinoza señaló que no ha recibido comunicación alguna por parte del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ni de altos mandos policiales tras el atentado.
“Pedimos al Ministerio del Interior que asigne inmediatamente toda la seguridad al Ministerio Público, que se resguarde la integridad de nuestros fiscales y personal administrativo. A nivel nacional estamos llevando casos muy delicados, y en el proceso de realizar diligencias e investigaciones corremos riesgos. Estamos desamparados ante la criminalidad”, afirmó Espinoza.
La fiscal también subrayó que las sedes del Ministerio Público en todo el país requieren protección urgente, dado que los casos que manejan involucran a organizaciones criminales de alto perfil, lo que incrementa los riesgos para el personal.
Una ola de criminalidad sin precedentes
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó el pasado viernes que la situación actual en Perú como una “ola criminal nunca antes vista”. Este contexto ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias regiones del país, incluyendo La Libertad, donde se encuentra Trujillo.
El atentado contra la sede del Ministerio Público pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno en su lucha contra el crimen organizado. Las autoridades han prometido intensificar los operativos policiales y reforzar la presencia de las fuerzas del orden en las zonas más afectadas, pero los recientes acontecimientos han generado preocupación entre la población y las instituciones encargadas de impartir justicia.
Creciente inseguridad y crimen en Trujillo
Trujillo, una de las principales ciudades del norte de Perú, se ha convertido en un foco de actividad delictiva en los últimos años. Las organizaciones criminales han extendido su influencia en la región, involucrándose en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato.
El ataque a la sede del Ministerio Público no solo representa un desafío directo a las autoridades, sino que también evidencia la capacidad de estas organizaciones para operar con impunidad. Este hecho ha generado alarma entre los residentes y ha puesto en el centro del debate la necesidad de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en la región.
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