Esta semana el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ordenó la ejecución de un nuevo plan llamado “Control Territorial”, un nuevo intento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para luchar contra la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, para el general en retiro y exjefe de la PNP Eduardo Pérez Rocha, esta “nueva estrategia” no sería más que una copia de lo hecho por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a inicios del año 2024, cuando grupos criminales tomaron un canal de televisión.
El experto afirmó que el plan de Noboa consistió en utilizar declaratorias de emergencia e involucrar a las Fuerzas Armadas en el reestablecimiento de la seguridad en el país junto a llamados “jefes operativos” en cuatro zonas del país (norte, sur, este y oeste); pero que el plan del ministro Santiváñez no será efectivo.
“Me imagino que algo así se hará acá (...) sabemos que tenemos un déficit de 55 mil policías. No tenemos patrullaje, no tenemos respuesta inmediata, no tenemos patrulleros, no tenemos cantidad suficiente de personal de investigación criminal. Entonces es más de lo mismo y seguimos con datos, con proyecciones que son irrealizables”, aseguró en conversación con Exitosa.
Por otro lado, el experto en seguridad aseguró que el aspecto de control del territorio en el Perú la PNP ya lo hace con el trabajo hecho en las Macrorregiones policiales; y que el “Plan Control Territorial” debe involucrar la asignación de generales para cada una de ellas, entre otros aspectos de inteligencia.
Inteligencia policial es necesaria
“Ese plan deberá establecer con qué personal, los lugares donde se va a ejecutar, y lo más importante es que si yo deseo reducir el aspecto de lo que es el aumento de la delincuencia violenta, tiene que haber inteligencia policial en la que se debe determinar y ubicar los lugares donde se encuentran estas organizaciones criminales”, dijo.
Pérez Rocha también indicó que las organizaciones criminales a las que debe enfrentar la PNP son numerosas, pero que la gran mayoría son conformadas por un promedio de 10 personas. Sin embargo, de ellas se suele capturar a la minoría, por lo que en realidad no se desactiva al grupo delincuencial.
“Si hablamos de extorsión, deben ser no menos de 1.500 organizaciones criminales que, como máximo, tienen 10 delincuentes. Dos o tres de ellos se encargan de hacer los pedidos( fotografías, cartas extorsivas, etc.), dos o tres con motocicleta que van a efectuar disparos o detonar explosivos”, afirmó a Exitosa. “Lo interesante es que si no se tiene esta inteligencia policial y no se captura a estas organizaciones criminales que, como te digo, son numerosas, es otra noticia que es más de lo mismo”.
¿En qué consiste el plan “Control Territorial” en Perú?
Según indicó el Ministerio del Interior, este plan es “una estrategia operativa que permitirá incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las calles, fortalecer la inteligencia policial, adquirir armamento para la institución, y masificar los operativos con participación de unidades especializadas de élite”.
El comunicado del Mininter afirma que “como primera acción, un total de 1000 agentes policiales se distribuirán en los puntos críticos, identificados por la PNP, para reforzar las labores de patrullaje a pie y en vehículo a fin de garantizar el principio de autoridad y brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.
El Salvador: El origen del plan “Control Territorial”
El “Plan Control Territorial” es el nombre que usó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para presentar una estrategia de combate contra la delincuencia organizada y las pandillas en el país centroamericano. Sin embargo, los ciudadanos no saben realmente de qué trata la estrategia y esta en realidad fue utilizada por el mandatario como un medio para copar poderes del Estado y reelegirse como presidente.
En marzo del 2024 Infobae Perú conversó con la periodista salvadoreña Krissia Girón, que indicó que en El Salvador, Bukele ofrece a los ciudadanos “una percepción de seguridad; sin embargo, esta no es plena (...) cuando la violencia contra la mujer no está en esos planes. La narrativa está tan bien hecha y sus estrategias están conectando con la gente y eso es lo que lo hace popular”.
El ‘régimen de excepción’ -como se conoce a una especie de ‘estado de emergencia’ en El Salvador- le dio facultades a la policía desde el 2022 para detener a cualquier persona en cualquier contexto por cualquier motivo que consideren los agentes. Esto llevó a que se realicen capturas arbitrarias, condenas que no respetan el debido proceso, violación de derechos humanos y abuso de poder.
“Si bien es cierto que hay ahora una percepción de seguridad, hay entre 3 mil y 5 mil personas que fueron capturadas sin tener ningún vínculo con pandillas”, indicó Girón. Aunque estas no representan la gran mayoría de las detenciones, sí existe el temor de caer en estos operativos, pues hay un riesgo adicional: perder la vida al interior del CECOT, la prisión a la que El Salvador envía a los acusados de ser parte de una pandilla.
“(...) también hay denuncias de torturas dentro de las cárceles. Hay personas que han fallecido dentro de la cárcel debido a causas desconocidas. Los familiares denuncian que cuando les devuelven el cuerpo tienen signos evidentes de tortura”, aseguró la periodista salvadoreña.