Operativos masivos en marcha: SUAT y UDEX liderarán acciones contra extorsiones y sicariato

El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, anunció la ejecución inmediata del Plan Control Territorial, una estrategia integral para intensificar la lucha contra el crimen organizado. La medida busca enfrentar el aumento de la inseguridad ciudadana mediante el despliegue de más efectivos policiales, el fortalecimiento de la inteligencia, la adquisición de armamento y la ejecución de operativos especializados.

El anuncio llega en un contexto en el que ocho de cada diez limeños declaran no sentirse seguros al salir de sus hogares, según el sondeo Lima Cómo Vamos 2024. Este mismo reporte destaca que la delincuencia se mantiene como la principal preocupación de los ciudadanos en el último año, especialmente en zonas urbanas donde los asaltos, extorsiones y homicidios han ido en aumento.

Entre las primeras acciones contempladas en el plan, 1.000 agentes policiales serán desplegados en las zonas más críticas, previamente identificadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), para fortalecer las labores de patrullaje a pie y en vehículo. El objetivo es recuperar el principio de autoridad y devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos, quienes han señalado de forma recurrente la necesidad de incrementar la presencia policial en sus comunidades.

Además, el Ministerio del Interior ha autorizado un proceso de asimilación acelerada de 1.500 nuevos agentes, dirigido a personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Este refuerzo no solo busca aumentar la capacidad operativa de la PNP, sino también acortar la brecha en el número de efectivos disponibles para garantizar el control territorial en todo el país.

El plan contempla, además, el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial mediante un incremento del 30% en el presupuesto asignado a las unidades especializadas. Este aumento permitirá optimizar los tiempos de respuesta y mejorar las operaciones contra organizaciones criminales que operan en el país. Según fuentes oficiales, este refuerzo busca que los efectivos cuenten con información en tiempo real para desarticular las redes delictivas de manera más eficaz.

En el ámbito de equipamiento, el ministro Santiváñez ha declarado en emergencia la logística de la PNP, una medida que permitirá acelerar el proceso de adquisición de armamento y equipos esenciales. Entre los materiales previstos se incluyen pistolas, fusiles, chalecos antibalas y otros elementos destinados a proteger tanto a los efectivos policiales como a la ciudadanía.

Según el titular del Interior, esta acción responde a la necesidad de enfrentar de manera segura y contundente a los grupos criminales que han intensificado sus actividades en los últimos meses.

El Plan Control Territorial también contempla la ejecución de operativos masivos en puntos estratégicos del país con la participación de unidades de élite como SUAT, UDEX, Grecco y la Dirección de Operaciones Especiales.

Estas intervenciones, según el Ministerio, estarán orientadas a prevenir delitos graves como extorsiones, sicariato y otros atentados organizados que ponen en riesgo la integridad de la población.

El trabajo articulado entre la PNP y la sociedad civil también será un eje central del plan. El Ministerio del Interior confirmó que seguirá fortaleciendo la colaboración con las Juntas Vecinales y la Red de Cooperantes, quienes desempeñan un papel crucial en la recopilación de información para desarticular bandas criminales y prevenir delitos.

Estas alianzas buscan también intensificar el patrullaje integrado en las diversas jurisdicciones del país, permitiendo una respuesta más ágil y eficiente a las demandas de la población.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por su parte, reafirmó el compromiso de la institución con la ejecución del Plan Control Territorial. “La Policía nunca ha estado sola. Contamos con el respaldo de la comunidad, y eso nos impulsa a seguir patrullando y realizando acciones de control inmediato”, señaló Zanabria.

Destacó, además, la importancia de trabajar de manera coordinada con otras instituciones del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, para garantizar que las acciones policiales tengan resultados concretos y efectivos.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la escalada de inseguridad ciudadana y destacó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para combatir la delincuencia. En un comunicado, la institución subrayó que “es imperativo que se protejan los derechos fundamentales de la población, especialmente el derecho a vivir en un entorno seguro”.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para asegurar que las medidas anunciadas no se limiten a acciones temporales, sino que estén acompañadas de estrategias sostenibles a largo plazo.