La Fiscalía de la Nación de Perú presentó un recurso de apelación contra la decisión del Poder Judicial que anuló el juicio oral en el emblemático ‘caso Cocteles’. El documento, presentado por el fiscal provincial José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, indica que el fallo emitido el pasado 4 de enero por la Sala Penal de Apelaciones Nacional “representa un retroceso injustificado en un proceso de gran relevancia pública”, donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta graves acusaciones de lavado de activos y organización criminal.
La Fiscalía sostiene que esta decisión no solo afecta el desarrollo del caso, sino que también pone en riesgo la posibilidad de que los delitos investigados lleguen a ser juzgados de manera oportuna.
El Poder Judicial deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre el recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Si la apelación es aceptada, el juicio oral podría retomarse de inmediato, cumpliendo con el cronograma inicial. De lo contrario, el caso regresaría a la etapa de control de acusación, lo que significaría un nuevo retraso en el avance del proceso.
Los argumentos de la Fiscalía
En el recurso de apelación, José Domingo Pérez subraya que la etapa de control de acusación ya había concluido de manera válida, cumpliendo con las disposiciones del Código Procesal Penal. Según el fiscal, el fallo de la Sala Penal de Apelaciones Nacional genera un precedente peligroso, pues permite que los imputados utilicen recursos legales para dilatar procesos judiciales, sobre todo en casos de corrupción de alto perfil.
Pérez destacó que el Ministerio Público ya había presentado suficientes elementos probatorios que justifican la apertura del juicio oral contra Fujimori y otros miembros de su entorno político. Entre las pruebas incluidas se encuentran testimonios de exfuncionarios de Odebrecht, quienes señalaron que la constructora brasileña financió ilegalmente las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016, a través de aportes no declarados.
“El retroceso procesal ordenado por el Poder Judicial vulnera principios fundamentales de celeridad y eficacia”, dijo el fiscal José Domingo Pérez en declaraciones previas a la prensa.
El fiscal también advirtió que esta resolución podría ser interpretada como una maniobra para favorecer a los acusados y socavar los esfuerzos del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción. Por ello, el equipo especial Lava Jato insiste en que el juicio oral debe retomarse de inmediato para garantizar que los hechos sean esclarecidos ante la justicia.
Contexto del ‘caso Cocteles’
El ‘caso Cócteles’ se centra en el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Keiko Fujimori mediante la simulación de aportes obtenidos en eventos proselitistas, como cenas y cocteles organizados por su partido, Fuerza Popular. Según la Fiscalía, estos aportes ocultaban fondos de origen ilícito provenientes de empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, y fueron canalizados a través de una estructura criminal liderada por Fujimori.
La acusación incluye cargos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. Se alega que Fujimori y sus colaboradores utilizaron a falsos aportantes para justificar ingresos en sus cuentas de campaña, y que esta maniobra tenía como objetivo encubrir la procedencia ilegal de los fondos. Además, la Fiscalía sostiene que el entorno más cercano de Fujimori, compuesto por altos dirigentes de Fuerza Popular, desempeñó un papel clave en la ejecución de estas operaciones.
El caso ha generado gran interés mediático debido a la relevancia política de Keiko Fujimori, quien lidera la principal fuerza opositora en el Perú y ha sido candidata presidencial en tres ocasiones. A pesar de las graves acusaciones, Fujimori ha negado cualquier responsabilidad y asegura ser víctima de una persecución política.
El fallo que anuló el juicio oral
La decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional que anuló el inicio del juicio oral no implica una declaración de inocencia para Keiko Fujimori ni para los otros acusados. Sin embargo, representa un obstáculo en el avance del caso, ya que obliga a retroceder a una etapa procesal previa. El tribunal justificó su decisión alegando que el juez Víctor Zúñiga Urday no atendió adecuadamente las observaciones planteadas por la defensa, lo que habría vulnerado los derechos de los imputados.
Para los abogados de Fujimori, esta medida es un paso necesario para garantizar que el proceso sea llevado a cabo con pleno respeto al debido proceso. “Las irregularidades en el control de acusación debían ser subsanadas antes de iniciar el juicio oral”, argumentó la defensa. En contraste, la Fiscalía ha señalado que esta postura busca dilatar el caso y evitar que se llegue a una sentencia en un plazo razonable.
Un caso bajo la lupa pública
El ‘caso Cócteles’ no solo representa un desafío judicial, sino también un punto clave en la lucha contra la corrupción en el Perú. La investigación forma parte del entramado del caso Odebrecht, el cual ha implicado a políticos de alto perfil en toda América Latina. En el Perú, varias figuras relevantes han enfrentado investigaciones, juicios e incluso condenas relacionadas con los sobornos de la empresa brasileña.
El impacto mediático del caso ha sido significativo, en parte debido a la figura de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Los seguidores de Fujimori consideran que estas acusaciones son parte de una estrategia política para debilitar a Fuerza Popular, mientras que los críticos exigen que el proceso avance con celeridad y transparencia.
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