La inseguridad en la costa norte peruana ha alcanzado niveles alarmantes, afectando directamente a los pescadores artesanales, quienes se enfrentan a una doble amenaza: los asaltos en altamar y las extorsiones. Según los últimos reportes, los trabajadores del mar en Puerto Pizarro, ubicado en Tumbes, tienen que pagar diariamente para poder continuar con sus actividades.
Esta problemática quedó en evidencia tras la desaparición de cuatro pescadores en Tumbes, luego de que su embarcación, denominada Ángel de la Luz II, fuera atacada por presuntos piratas. Este caso ha puesto de relieve la creciente vulnerabilidad de quienes dependen de la pesca para su sustento.
El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó en declaraciones con RPP, que los delincuentes que operan en estas zonas realizan un análisis previo para identificar oportunidades de obtener dinero ilícito. Según sus estimaciones, las extorsiones a pescadores podrían generar ingresos ilícitos de hasta 18 millones 800 mil soles a nivel nacional.
“Se solicitan 400 soles diarios a los que reciben mercadería marina”, reporta Pérez Rocha. Esta una cifra que, multiplicada por las 12.000 embarcaciones artesanales registradas en el país, revela la magnitud del problema.
Dos tipos de delitos afectan a los pescadores
El exdirector de la PNP detalló que los pescadores son víctimas de dos modalidades delictivas principales. Por un lado, están los asaltos en altamar, donde presuntos delincuentes provenientes de Ecuador, atacan las embarcaciones para apoderarse de los equipos de pesca y las capturas del día. Por otro lado, se encuentran los casos de extorsión, en los que los pescadores son obligados a pagar sumas de dinero al llegar a puerto con su pesca, bajo amenaza de represalias.
El exdirector de la PNP subrayó que esta situación afecta a los 47.000 pescadores artesanales que operan en los diversos puertos del país. La pesca artesanal, que se desarrolla a lo largo de los 3.000 kilómetros lineales de costa peruana, se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes debido a la falta de medidas de seguridad efectivas en altamar y en los puertos.
La falta de control en altamar y sus consecuencias
El panorama descrito por Pérez Rocha pone en evidencia la ausencia de un control adecuado en las aguas peruanas. Según el exdirector policial, los asaltos en altamar son perpetrados principalmente por grupos organizados que operan desde el vecino país de Ecuador. Estos delincuentes no solo se apropian de los equipos de pesca, como redes y motores, sino también de las capturas, lo que representa una pérdida económica significativa para los pescadores.
Por otro lado, las extorsiones en los puertos se han convertido en una práctica recurrente. Los pescadores, al regresar con su carga, son abordados por delincuentes que les exigen pagos de 400 soles por embarcación. Este tipo de delito no solo afecta los ingresos de los pescadores, sino que también genera un clima de miedo e incertidumbre en las comunidades costeras.
Pescadores de Tumbes exigen medidas
Representantes de las caletas de Canoas de Punta Sal, Zorritos, Acapulco y Puerto Pizarro han manifestado su preocupación por la presencia de embarcaciones sospechosas y por la inacción de las instituciones encargadas de velar por su seguridad.
De acuerdo con información publicada por Exitosa, el temor de los pescadores se incrementó tras el avistamiento de un bote sospechoso en la caleta Grau el pasado 14 de febrero. Según Gregorio Chunga Pasos, representante de los pescadores de Canoas de Punta Sal, la embarcación llegó con aparentes fines de extorsión.
Chunga explicó que “los pescadores de diferentes caletas ya han reportado intervenciones de supuestos piratas en altamar y solicitado mayor presencia de patrullas”. Sin embargo, agregó que “se contactaron con la capitanía de puerto, pero no han recibido respuesta”.
Reclamos desatendidos por las autoridades
En su denuncia ante el Consejo Regional de Tumbes, los pescadores reiteraron su llamado hacia las autoridades competentes, como la capitanía de puerto, para implementar medidas urgentes. No obstante, lamentan que hasta ahora no se hayan tomado acciones concretas para frenar este problema. Entre las demandas principales está el incremento de patrullajes y una presencia más activa por parte de las fuerzas del orden en las zonas marítimas.
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