El Congreso de la República decidió retirar del cargo al jefe del Área de Administración y Bienes, Alberto Vásquez Romero, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades y la existencia de una supuesta red de prostitución en el Parlamento. En esta oficina también cumplía funciones Isabel Cajo, señalada como testigo clave en el caso.
La resolución, emitida el miércoles 15 de enero, formalizó la destitución de Vásquez Romero, hijo del exministro fujimorista Absalón Vásquez Villanueva, quien había sido designado en ese puesto de confianza. Como su reemplazo, fue nombrada Susana Rivera Zanca.
“Concluir la designación del señor Alberto Absalón Vásquez Romero en el cargo de confianza de jefe del Área de Administración de Bienes del Departamento de Abastecimiento, dando por culminado su vínculo laboral con el Congreso de la República”, señala el documento firmado por Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso.
Este cambio marca el apartamiento del segundo funcionario involucrado en el escándalo que apunta a la existencia de una presunta red criminal en las oficinas congresales. Sin embargo, esta decisión parece responder más al intento del Parlamento de proteger su imagen tras el anuncio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien advirtió que la permanencia de los jefes de las diversas áreas legislativas estaría bajo evaluación.
Cajo contratada días después de su reunión con Alejandro Soto
Isabel Cajo, extrabajadora parlamentaria implicada en la presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, fue designada al área a cargo de Alberto Vásquez Romero solo tres días después de haberse reunido con el entonces presidente del Parlamento, Alejandro Soto. La contratación de Cajo fue formalizada el 5 de abril de 2024, tal como lo indica la resolución oficial.
De acuerdo con un informe difundido por Hildebrandt en sus trece, la reunión entre Cajo y Soto ocurrió el 2 de abril de 2024, cuando la extrabajadora ingresó al Palacio Legislativo utilizando un carné falso. El carné pertenecía a una trabajadora de confianza de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso, y uno de los principales involucrados en el escándalo. Según los reportes, Cajo ingresó por una entrada menos vigilada en el jirón Simón Rodríguez, que conecta con el ‘búnker presidencial’, un acceso exclusivo resguardado por cámaras de seguridad.
Durante su estancia en el despacho de Soto, Cajo permaneció alrededor de 50 minutos. Según un mensaje de WhatsApp obtenido por la revista, Torres expresó su incomodidad por la demora en la llegada de un documento necesario para concretar la contratación. “Te cuento que lo van a llamar de presidencia, ahorita que contestes el celular. Le van a pedir (...) a ella directamente”, indicó Torres.
Registros oficiales muestran que, el mismo 2 de abril, Soto presidió una Junta de Portavoces a las 12:00 horas y publicó una foto en sus redes sociales a las 14:00 horas. Posteriormente, se perdió el rastro de su actividad hasta el día siguiente.
Tres días después de la reunión, el 5 de abril, Cajo fue finalmente contratada y designada a la Oficina de Administración de Bienes, área que, en ese momento, estaba bajo la supervisión de Vásquez Romero. La “disposición” de su traslado fue “autorizada por la Presidencia del Congreso”, según una adenda al contrato.
Contratación de Isabel Cajo con adenda especial
Isabel Cajo, conocida por su actividad en la plataforma OnlyFans, fue contratada por el Congreso de la República mediante una adenda especial solicitada desde la presidencia de Alejandro Soto. La contratación, realizada el 5 de abril de 2024, fue aprobada bajo un “proveído” de la Presidencia, lo que permitió la continuidad de Cajo en su cargo.
La congresista Norma Yarrow explicó durante la sesión de la Comisión de Fiscalización que el proceso de contratación se formalizó bajo el “proveído” con número 1528031, que fue autorizado por la Presidencia del Congreso. Según Yarrow, esta adenda fue creada por indicaciones expresas de la Presidencia, lo que indica que tanto la Oficialía Mayor como la presidencia estaban al tanto de la contratación.
El documento en cuestión establece que, “por disposición expresa y proveído autorizado por la Presidencia del Congreso, se mantiene la condición contractual bajo el servicio específico”. Yarrow añadió que, dada la naturaleza de la contratación, el oficial mayor, la presidencia o incluso el congresista Soto podrían confirmar el conocimiento sobre esta decisión.
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