Los vaivenes de la formalización minera en el Perú

En febrero de 2002, el Gobierno peruano promulgó la Ley 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Sin embargo, a más de dos décadas de su implementación, el Estado no ha logrado realizar ni siquiera un diagnóstico que determine la cantidad exacta de mineros artesanales e ilegales que operan en el país.

En ausencia de datos oficiales claros, se estima que existen más de 200,000 mineros artesanales, aunque solo 57,000 están registrados según la Declaración Nacional de Compromisos del Ministerio de Energía y Minas. Cabe señalar que en esta declaración solo se ha inscrito a los titulares de las labores mineras, pero no a los integrantes de los grupos de trabajo, quienes también son parte fundamental de este sector.

Uno de los obstáculos más grandes para la formalización de la minería artesanal es la obtención del Contrato de Explotación (Derecho Minero), requisito que se ha convertido en una barrera casi insuperable. La principal dificultad radica en que los titulares de las concesiones mineras no están dispuestos a firmar contratos de explotación con los mineros artesanales, a pesar de que estos últimos pagan regalías elevadas a los concesionarios. Además, el Ministerio de Energía y Minas, aunque actúa como facilitador, carece de competencias para obligar a los titulares a firmar dichos contratos, lo que hace imposible avanzar en el proceso de formalización.

“Los titulares de las concesiones nos exigen un precio muy alto y, además, nos condicionan a ceder más del 50 por ciento de nuestra producción. Eso es aprovechamiento”, señala un minero del distrito de Pataz, en La Libertad, quien denuncia la explotación que enfrentan en su lucha por formalizarse.

A este panorama se suma la creciente amenaza de la criminalidad organizada, que no solo se dedica al robo de material minero con alto contenido de oro, como sucede en el distrito de Pataz, sino que, en muchos casos, tiene la complicidad de funcionarios de empresas mineras. Estos trabajadores corruptos filtran información a los delincuentes y, de alguna manera, participan en el proceso de extorsión que afecta a los mineros y la industria.

Lo que muchos desconocen es el impacto socioeconómico de la minería artesanal en las comunidades donde se lleva a cabo. La mano de obra utilizada en estas actividades proviene, en su mayoría, de los mismos centros poblados, lo que contribuye directamente a la dinamización de la economía local. Además, el transporte, los insumos alimentarios y los equipos necesarios para las operaciones mineras se adquieren en los negocios de la misma comunidad, generando una circulación de dinero que beneficia a los habitantes.

A nivel general, el sector de la minería artesanal en proceso de formalización ha generado más de 500,000 empleos directos y más de 4 millones de empleos indirectos en toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización en plantas autorizadas.

Es importante destacar que la minería artesanal en el 2023 ha aportado significativamente a las finanzas públicas, con una recaudación de más de dos mil millones de soles en impuestos solo en la región La Libertad, y más de diez mil millones de soles a nivel nacional. Estos recursos son fundamentales para el desarrollo de proyectos de inversión en diversas áreas del país.